Boudou, otra vez a juicio oral

Una vez más, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou se encuentra complicado ante la Justicia. Esta vez es por la causa de rendición de viáticos "truchos", luego de que el juez de la causa pidiera su elevación a juicio oral. 

El fiscal Jorge Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo que eleve a juicio la causa en la que Boudou se encuentra acusado del presunto delito de peculado. En otras palabras, se lo acusa de malversación de fondos públicos, por la "presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos" en la rendición de viajes durante su gestión como ministro de Economía. 

Así, el ex vicepresidente, que ya fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone, podría recibir una pena de entre dos y diez años de cárcel.

Además, en el pedido también quedaron involucrados otros dos procesados: el ex jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda Guido Forcieri, junto con su ex secretario privado, Héctor "Cachi" Romano. En el caso de Forcieri, él también  ue condenado en la causa Ciccone, a la pena de dos años y medio de prisión.

"La conducta imputable a Amado Boudou, Héctor Romano y Guido Cesar Forcieri consiste en haber presentado declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos", sostuvo el dictamen de Di Lello, que trascendió hoy.

Además, de acuerdo al dictamen de Di Lello, "Boudou era la autoridad máxima a la que se le entregaban los gastos eventuales y sob quien recaía la obligación de rendir cuentas de esos gastos". Se trata de los montos que debían destinarse a "solventar imprevistos, como alquiler de vehículos y de espacios de reuniones", así como también, el pago a traductores.

Cuando le tocó declarar en indagatoria, Boudou dijo que desconocía las facturas presentadas y que no estaba "dentro de sus funciones ocuparse de esas cuestiones logísticas", según consignó NA.

"Jamás llevé dinero ni recibí facturas ni las tramité de los gastos eventuales. Para esto, existe una estructura de ceremonial y secretaría privada que se ocupa de estas cuestiones. No estoy diciendo que exista el hecho que se me imputa, sino simplemente que aún en el improbable caso de ser cierto, yo soy ajeno al mismo, ya que existe una estructura de confianza administrativa, como en cualquier ente u órgano", dijo el ex vicepresidente. 

Así, para el fiscal de la causa, las explicaciones no fueron suficientes, motivo por el que los acusados deberán ir a juicio. Según consideró, "cada uno de ellos tuvo un rol directo en la comisión del delito imputado, ya que todos revisten la calidad de autor que requiere la norma y tienen su deber especial que fue infringido con la actuación individual en cada formulario que se suscribió o en cada nota en donde se solicitaban los gastos en cuestión".