Lunes  22 de Junio de 2020

Estudian seguir subsidiando con $ 10.000 a tres millones de personas post pandemia

El ministro de Desarrollo Social dio rienda suelta a una idea promovida desde hace meses por organizaciones sociales que pugnan por un "ingreso universal". La iniciativa que estudian requeriría aprobación del Congreso y un apoyo transversal.

Bono IFE ANSeS: el Gobierno evalúa que tras la cuarentena se limite a tres millones de trabajadores informales

Con pronósticos desalentadores sobre la caída de la economía y pobreza en alza, el Gobierno avanza en identificar una población objetiva que sería beneficiaria de una suma de dinero a lo largo del tiempo, una vez que discontinúe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tal cual fue diseñado al inicio de la cuarentena, esto es, como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional.

La idea que fogonean desde hace meses los movimientos sociales, y que anticipó El Cronista a comienzos de abril, escaló ahora en boca del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien reveló que el Gobierno pretende consensuar un ingreso mínimo universal para apuntalar el poder adquisitivo del decil más pobre de la población, alrededor de unos tres millones de personas. Si bie no hay cifras concretas, se estima que tendrá un piso de $ 10.000.

El ministro de Desarrollo anticipó que la renta básica "coexistirá con la Asignación Universal por Hijo" (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y, por lo tanto, un mismo grupo familiar podría recibir ambos. Esta nueva herramienta remplazará al IFE, en tanto este es "transitorio" y aquel vendrá para durar "varios años", según reveló en diálogo con Clarín.

Arroyo viene insistiendo desde el comienzo de la cuarentena sobre el aumento de las necesidades básicas insatisfechas y calcula, grosso modo, que la población necesitada de ayuda alimentaria trepó de los 8 a los 11 millones. De allí que sea necesario diseñar un instrumento de transferencia de ingresos que sostenga el poder adquisitivo de los más golpeados por la crisis.

Afinando el lápiz (y los números)

El "ingreso ciudadano universal" viene desde hace meses en carpeta de varios funcionarios vinculados a las áreas de desarrollo social, trabajo y seguridad social, aunque la pandemia de coronavirus aceleró las discusiones. 

El procesamiento de solicitudes del IFE permitió al Estado hacerse de una muestra cabal de la población económicamente activa (PEA) y elaborar proyecciones sobre cómo asistirlos una vez que finalice la cuarentena.

Según estimaciones oficiales, el bono de $ 10.000 es el único instrumento estatal que asiste a los trabajadores adultos informales, y sobre ellos se volcaría especialmente este nuevo beneficio, independientemente del visto bueno de Arroyo para compatibilizarlo con AUH y AUE.

Según datos de la ANSeS elevados al Congreso por la Jefatura de Gabinete, más de 11 millones de personas solicitaron el IFE, pero 4,5 millones no cumplieron las condiciones de elegibilidad. Sobre los 8,8 millones de beneficiarios concretos, 2,3 millones ya integran las bases de la ANSeS como receptores de AUH o AUE.

El universo restante, compuesto por 5,7 millones de personas, incluye más de 2,3 millones de personas que tienen entre 18 y 24 años. En pos de establecer una población alcanzable y acorde al esfuerzo fiscal que pueda hacer el Estado, los hogares unipersonales de jóvenes quedarían relegados de este ingreso, dado que puede asistírselos a través de otras herramientas, sobre todo vinculadas a la terminalidad educativa. 

Este ingreso universal es una de las tres columnas del plan de reactivación que diseña Arroyo en conjunto con otras áreas. Los otros dos pilares son el plan Argentina Construye, con un presupuesto de $ 29.000 millones para la urbanización de asentamientos a lo largo y ancho del país, y el programa Potenciar Trabajo, destinado a emplear mano de obra intensiva.

Potenciar Trabajo reemplazará el programa "Hacemos Futuro" y Salario Social Complementario que hoy en día perciben trabajadores informales enrolados en cooperativas y organizaciones territoriales, equivalente a medio sueldo mínimo. Con este plan, el Gobierno busca promover inclusión social y mejorar los ingresos de unos 580.000 trabajadores.

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