Lunes  14 de Noviembre de 2016

Blanqueo: especialistas cuestionan la cláusula para el nuevo régimen previsional

Blanqueo: especialistas cuestionan la cláusula para el nuevo régimen previsional

La ley de blanqueo ordena crear un nuevo régimen previsional universal, integral, solidario, público y de reparto, pero los analistas ponen en duda que esto sea posible, dada la complejidad de la situación actual, que no asegura que muchos jóvenes trabajadores puedan jubilarse cuando les llegue el turno.


El artículo 12 de la Ley 27.260 de Sinceramiento crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga el nuevo régimen previsional.


El actual sistema en realidad es un conjunto de programas, ya que está integrado por prestaciones contributivas y no contributivas y semicontributivas que vienen de moratorias y prestación por edad avanzada. El régimen general de financiamiento es de reparto excedido por los montos recaudados como contribuciones para la seguridad social.


El SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), que incluye a la ANSeS y a las cajas provinciales transferidas, si bien es obligatorio, no incluye todo el universo, dado que hay 122 regímenes jubilatorios más, como cajas de profesionales por provincia, fuerzas armadas y de seguridad, guardabosques, maestros, etc.. Por lo tanto no es integral ni único, enfatizó Marina Parera, presidenta del Comité Científico de las II Jornadas de Seguridad Social de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF).


Además, muy pocas de todas esas cajas cierran desde su sustentabilidad en el tiempo, lo que no asegura que los actuales profesionales puedan jubilarse de forma previsible, indicó Parera. La fragmetación se debe, además, a la ausencia de correlación entre los tipos de beneficios y financiamiento; los más de 120 regímenes tiene distintas edades y porcentajes respecto de los sueldos activos como requisitos de acceso a la jubilación.


La existencia de financiamiento procedente de Rentas Generales destinado a beneficios contributivos señala que los aportes y contribuciones por los trabajadores activos ya no cubren los salarios de los actuales pasivos.


Para Parera, también atenta contra que el sistema sea integral que existan trabajadores con categorías predeterminadas y regímenes subsidiados con base de imposición sensiblemente menor a los ingresos efectivamente recibidos: autónomos (directivos), monotributistas y servicio doméstico. Como consecuencia de estos regímenes fragmentados, el SIPA no les paga lo mismo a todos los beneficiarios en igual situación.


En cuanto al deseo de alcanzar una cobertura universal, el empleo informal y de la alta rotación hacen imposible el acceso a un amplio segmento. "Si las moratorias no se repiten van a surgir problemas de cobertura. Pero si se repiten alientan a un sistema deficitario con menores incentivos a aportar, y esto agrava las dificultades de financiamiento y sostenibilidad", enumeró Parera.


Una propuesta para paliar el problema de la sustentabilidad que aportó Parera en la AAEF se basa en el concepto conocido como "Seguro La Estrella", que forma parte del convenio colectivo de los mercantiles y consiste en un pago adicional que luego se cobra en cuotas tras la jubilación e incrementa el haber de los pasivos del rubro.


En concreto, se trataría de la definición de regímenes de seguros complementarios, contributivos, definidos y administrados por el Estado, ya no por un privado como un sindicato. Debería analizarse esta posibilidad según la actividad, de modo que asegure la movilidad, concluyó Parera.


Por otra parte, también atentan contra la previsibilidad de la seguridad social que haya tres alícuotas distintas de contribuciones patronales, la general de 27% ó 21% según la actividad, y 17% para algunas pymes. "Esto ha traído dispendio administrativo y judicial", indicó la especialista. Y también arremetió contra los conceptos no remunerativos, que rebajan el aporte jubilatorio del salario y son rechazados por la OIT.

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