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Avanza entre la AGN y el Congreso la investigación por el acuerdo con el Correo

El organismo de control ya inició la auditoría técnica sobre el conflicto entre el Estado y la empresa de la familia Macri. El titular de la Sigen expone hoy ante los diputados

Como pidió el Poder Ejecutivo y tras la instrucción del Congreso, la Auditoría General de la Nación (AGN) anunció ayer que inició la auditoría técnica sobre el acuerdo judicial que firmaron el Ministerio de Comunicaciones y el Correo Argentino, a raíz de la deuda que la empresa de la familia Macri mantiene con el Estado desde hace más de una década. El organismo dio el primer paso y conformó un equipo técnico para analizar todo lo actuado en el litigio, desde que se inició hasta que se llegó al acuerdo de pago con una quita del 98,2% de la deuda.
La AGN tiene 90 días, prorrogables por otros 30, para analizar el caso y enviar al Congreso un informe sobre el conflicto. Para ello, fue facultada por el Congreso a convocar al juez de concurso, a los síndicos, al servicio jurídico del Ministerio de Comunicaciones, a especialistas en quiebra y a catedráticos y especialistas.
El entendimiento entre el Estado y el Correo quedó en stand by luego de que se difundiera el fallo de la fiscal de la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien rechazó homologar el acuerdo en diciembre por considerar que la quita de deuda alcanzaba un nivel "abusivo".
La Auditoría informó oficialmente que ya definió el equipo técnico al que le encargará la producción de dos estudios sobre el concurso preventivo de acreedores del Correo. Para ello, "conformó un equipo técnico ad hoc, que también requerirá la colaboración del Poder Judicial", detalló. Además, especificó que "el Colegio de Auditores Generales, conformado por siete miembros, actuará como Comisión de Supervisión y tendrá un plazo de hasta 120 días para presentar los informes correspondientes".
En paralelo, además de la investigación de la AGN, la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados retomará hoy su ronda de preguntas a funcionarios del Poder Ejecutivo sobre el tema. El caso será debatido desde la 15 en la sala 1 del Anexo del Congreso, con la presencia del titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Ignacio Rial. El funcionario fue citado "ante la imposibilidad de asistir" de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, cuya exposición estaba prevista para hoy y fue pospuesta debido al viaje de la funcionaria a París, Francia, para participar del Grupo Anti-Sobornos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La comisión de Comunicaciones de la Cámara baja citó a los titulares del a OA y de la Sigen para preguntarles por su intervención en la negociación. De todas formas, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, admitió en su paso por la comisión no haber consultado a ninguno de los organismos de control que podrían haber intervenido en la negociación.
Para que esa consulta sea obligatoria de ahora en más, el Poder Ejecutivo trabaja en la redacción de dos decretos con los que apunta a regular los conflictos de intereses entre el Estado las empresas vinculadas al Presidente. Uno de ellos, hijo directo del caso Correo, regulará la intervención en juicios. La redacción preliminar establece que "el titular del Poder Ejecutivo se abstendrá de tomar cualquier tipo de intervención, mediante instrucciones o cualquier otra forma", en los casos que involucren "parentesco, consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, sociedad o comunidad, pleito pendiente, amistad o enemistad pública y manifiesta, acreedor o deudor". En esos casos, el Estado será representado por la Procuración del Tesoro.