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Aún con rechazo, Macri concretó el traspaso de la Justicia a la Ciudad

Suscribieron cuatro convenios que deberán ser refrendados por el Congreso, donde magistrados y empleados judiciales intentarán hacer caer el acuerdo

Macri y Larreta dijeron que el traspaso "acercará" la Justicia a los vecinos

Macri y Larreta dijeron que el traspaso

El presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, iniciaron el mentado traspaso de competencias, órganos y personal de la Justicia nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad, algo reclamado desde hace años para afianzar la autonomía porteña, aunque rechazado de pleno por las asociaciones de magistrados y empleados del Poder Judicial de la Nación, que verán perder una masa importante de sus afiliados y sobre quienes se cierne el temor de quedar alcanzados por Ganancias.

Macri y Rodríguez Larreta, acompañados por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y su homólogo porteño, Martín Ocampo, acordaron la transferencia progresiva de ocho juzgados nacionales y 18 vocalías de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional; dos juzgados nacionales de menores, tres vocalías ante los tribunales orales de menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

El Presidente y el alcalde también suscribieron convenios para transferir el Fuero de Defensa del Consumidor, por crearse a futuro; el Registro de la Propiedad Inmueble, encargado de tutelar los derechos patrimoniales, y las competencias, órganos, personal y bienes de la Inspección General de Justicia. Nada se dijo del fuero laboral, cuyos integrantes presionaron para evitar la transferencia.

En esta primera etapa, los convenios suscriptos involucran a unos 490 funcionarios y empleados, y estipula también el traspaso de los recursos y bienes asociados. Todo ello, en caso de que el Congreso y la Legislatura porteña refrenden a libro cerrado los acuerdos suscriptos.

En el acto, Macri sostuvo que los argentinos "necesitamos una Justicia más eficiente, cercana y dinámica" y advirtió que la falta de respuesta de los tribunales genera "frustración" en la sociedad. A su tiempo, Rodríguez Larreta deseó que los convenios suscriptos "se aprueben en el Congreso y la Legislatura lo antes posible".

Según voces del oficialismo, la transferencia tiene el camino allanado en el Senado, con el visto bueno de los senadores opositores Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey. En Diputados, el camino no será tan fácil: la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, presionará para evitar el respaldo del Parlamento. Desde el Gobierno le restan importancia y consideran que el expediente seguirá camino a la Legislatura y, una vez aprobado, entrará en vigencia en 180 días.

La titular de la Asociación de Magistrados, María Díaz Cordero, reiteró a El Cronista su oposición al traspaso "por razones de orden constitucional" porque los ministerios públicos "podrían perder autonomía". Por eso, ya avisó que interpondrán un amparo ante la Justicia. Poco servirá, puesto que la Corte Suprema ve con buenos ojos lo ocurrido ayer en la Rosada y fijó posición a favor de la Ciudad por medio del fallo Corrales.

El secretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, subrayó que todo miembro transferido tiene sus derechos económicos, previsionales y profesionales asegurados. Pero reconoció que los nuevos magistrados deberán tributar por sus ingresos: "Los magistrados de la Ciudad pagan Ganancias".