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Asociaciones de consumidores dicen que las audiencias "no alcanzan" para frenar amparos

Así lo aseguró el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, y pidió que se discutan las subas "con toda la información sobre la mesa"

Asociaciones de consumidores dicen que las audiencias

Aunque el Gobierno está analizando la realización de una audiencia pública para fin de mes por las tarifas del servicio del gas con carácter participativo, las asociaciones de consumidores salieron ayer a rechazar la posible convocatoria (aún no se ha anunciado formalmente) tras la suspensión de los últimos aumentos por vía judicial, al tiempo que reclamaron participación para su discusión.

Así se expresaron el representante de Consumidores Libres, Héctor Polino; el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, y el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua), Osvaldo Riopedre, en referencia a la decisión oficial que apunta a informar sobre las razones que lo llevaron a incrementar las tarifas de los servicios de gas y electricidad.

Riopedre advirtió: "una audiencia informativa no va a cumplir los requisitos, vamos a perder tiempo, va a haber impugnaciones, van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a retrasarnos 20 o 30 días más". Por su parte, Polino señaló que el Gobierno "se vuelve a equivocar", debido a que "las audiencias públicas no sólo son informativas", sino que "también tienen que constituir una instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones".

No obstante, según pudo saber El Cronista y tal como publicó en su edición de ayer, los planes del Ejecutivo contemplan una convocatoria en el marco del procedimiento reglado por el decreto 1172/2003. Es decir, aún cuando la legislación no exige audiencias para los costos de generación eléctrica y el precio de gas (pero sí para las tarifas de transporte y distribución), convocarían a una audiencia pública participativa, no sólo informativa.

La jugada sería una señal que las autoridades energéticas enviarían a la Corte, que ayer giró el caso a la procuradora general Alejandra Gils Carbó para definir el asunto, se estima, la semana que viene (ver pág. 5). En ese sentido, Riopedre advirtió que no se puede dejar "que los jueces fijen las tarifas, lo tiene que hacer el Ejecutivo", aunque aclaró que "lo tiene que hacer bien". También aseguró que se trata de una "situación de urgencia" tanto para las compañías distribuidoras como para los consumidores, debido a que "las empresas no recaudan y los usuarios algún día van a tener que pagar. Y si se juntan dos o tres facturas, si no se puede pagar una, menos van a pagar dos o tres".