Aseguran que los grandes fondos quieren negociar antes de patear el tablero

BlackRock y sus pares del Ad Hoc Exchange Bondholder Group insisten en negociar una propuesta que se acerque a sus pretensiones, que podrían bajarlas si el Gobierno acepta pagar un poco más

Los grandes fondos acreedores de la deuda soberana de la Argentina, entre los que están BlackRock, Ashmore, Fidelity, Autonomy Capital y T. Rowe Price (todos ellos en el grupo Ad Hoc) están más dispuestos a seguir negociando por una más bondadosa oferta que a patear el tablero e iniciar juicios en Nueva York, Estados Unidos, por el default que la Argentina declaró en tres bonos con legislación extranjera el 22 de mayo, a los que se sumarán otros 8 títulos a fines de julio que caerán en cesación de pagos.

Un reporte de la agencia Reuters citó ayer que "fuentes familiarizadas con el pensamiento" de estos acreedores en particular, "incluidos los principales administradores de activos como BlackRock, AllianceBernstein y Fidelity", están listos para comprometerse en nuevas negociaciones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que podrían resignar valor si, como contraparte, Argentina ofreciera algo más que lo presentado esta semana ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Tal como expresaron en un statement conjunto los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholder el miércoles, los fondos que aseguran detentar el 32% de la deuda elegible para la reestructuración (unos u$s 21.000 millones en total) rechazaron la última propuesta de la Argentina (la cuarta desde que empezó el proceso, pero apenas la segunda que se inscribió formalmente en la SEC) con un tono cordial que invitó a un acercamiento entre las partes.

El Cronista preguntó a una fuente que participa directamente en las negociaciones defendiendo el interés de los acreedores, que se excusó de responder. A su vez, el HSBC, banco colocador de la operación, también se negó a contestar los requerimientos de este diario.

El Gobierno apunta a que el HSBC y el Bank of America (BofA) hagan la tarea para la que fueron contratados y vendan a los implicados los beneficios que tiene esta oferta de reestructuración de la deuda.

Durante toda la semana, el presidente, Alberto Fernández, y el ministro Guzmán dejaron en claro que la enmienda oficializada implica el "máximo esfuerzo" que está dispuesto a hacer el Estado sin que ello leve a hacer un ajuste fiscal de grandes dimensiones que la sociedad no lo pueda soportar.

Pese a esto, empiezan a surgir dudas en el mercado sobre la sostenibilidad de la deuda y la posibilidad de que Argentina deba emprender otra reestructuración dentro de 5 a 10 años, algo que Guzmán y su equipo intentan evitar a toda costa.

En principio, la nueva oferta tiene un Valor Presente Neto (NPV) de u$s 53,5 para los acreedores con bonos emitidos a partir de 2016 y que decidan aceptar el canje antes del 4 de agosto, mientras que el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) había fijado un límite de u$s 49,9 -calculado a una tasa de salida o exit yield del 10%, que el Gobierno igual considera excesiva-.

Es posible que el organismo multilateral deba aportar otro préstamo para saldar pagos en los próximos años. Si la oferta fuera más atractiva aún, con cupones de interés mejorados, podría ser insostenible en el largo plazo, creen en el mercado.

Por otro lado, los economistas Joseph Stiglitz (mentor de Guzmán) y Thomas Piketty, junto a otros 70 colegas, firmaron ayer una declaración en favor de la Argentina, llamaron a los acreedores a no buscar reescribir las reglas durante la pandemia.

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