Arrancó el debate de la ley que penaliza monopolios
A paso lento, la Cámara de Diputados abrió ayer el debate del proyecto de una nueva Ley de Defensa de la Competencia que impulsa el oficialismo, y que había sido presentado por los diputados Mario Negri y Elisa Carrió a fines de septiembre del año pasado. Las sanciones para las empresas que incumplan la norma llegan hasta la disolución o liquidación de las firmas infractoras.
La iniciativa, resistida en parte del sector empresario, lleva más de un año de debate en Cambiemos. El Gobierno decidió reflotarla en pleno clima preelectoral y mientras el Frente Renovador de Sergio Massa lo azuza públicamente con sus propuestas de una Ley de Góndolas y el Plan Nacional Bajemos los Precios.
Ayer, al defender la propuesta oficial, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, enfatizó que el proyecto apunta a "crear las condiciones para que la Argentina tenga reglas claras para los consumidores y las empresas, especialmente las Pymes".
Al respecto, tanto el massismo como el Bloque Justicialista reclamaron que en lo inmediato se aplique la ley actual. "Hace casi un año denunciamos cartelización de los supermercados y no hay novedades de ningún avance", se quejó la diputada Liliana Schwindt, presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, y responsabilizó al secretario de Comercio, Miguel Braun. "Debería investigar a su familia", observó, en alusión a su vinculación con la cadena de supermercados La Anónima.
Entre las novedades que propone, el texto oficial establece que las empresas que adhieran al Programa de Clemencia que crearía la ley podrán beneficiarse con la exención o reducción de sanciones administrativas y civiles, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los integrantes del cartel". La compañía que primero delate a las otras podría lograr una eximición total de las penas. Quienes lo hagan luego obtendrían reducciones parciales.
Las sanciones económicas podrían ser de hasta el doble del beneficio obtenido por la conducta anticompetitiva; de hasta el 30% del volumen de negocios en los mercados afectados multiplicado por los años de duración del delito; de hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo empresario involucrado; o de hasta tres mil millones de pesos, ajustables por inflación.
El Tribunal estará compuesto, según la propuesta de Cambiemos, por cinco miembros, de los que al menos dos serán abogados y otros dos serán licenciados o posgraduados en ciencias económicas. En ese punto, el docente e investigador de la UBA Carlos Cruz, especialista en delitos económicos, recomendó una modificación. "No está claro el proceso de selec ción del tribunal. Y la integración debería ser más plural y con participación de las entidades de defensa del consumidor", sugirió.