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MARTES 23/04/2019

Argentina y Brasil extraditarán a acusados de delitos económicos

Lo acordaron Macri y Bolsonaro, en un nuevo gesto de cooperación jurídica y de asistencia contra el crimen y la corrupción. El tratado admite la comparecencia en Tribunales de personas sin haber sido procesadas o condenadas

Argentina y Brasil extraditarán a acusados de delitos económicos

La visita del presidente Mauricio Macri a Brasil para encontrarse con su flamante contraparte, Jaír Bolsonaro, contó con un resultado concreto, más allá de servir para el conocimiento de los gabinetes y trazar la agenda bilateral a futuro.

En el Palacio del Planalto, sede de la presidencia brasileña, los mandatarios abordaron temas de interés en común en las esferas bilateral, regional e internacional, y acordaron trabajar, "con intención de prioridad", la seguridad interna y regional, aumentar cooperación jurídica, el combate al crimen transnacional y a la corrupción.

En ese marco, Macri y Bolsonaro firmaron un nuevo tratado de extradición que acelera los canales de comunicación entre ambos poderes judiciales precisa nuevos ilícitos, entre ellos los delitos económicos.

Los encargados de ajustar los detalles y sumar sus firmas al acuerdo fueron los ministros de Justicia nacional, Germán Garavano, y su contraparte Sergio Moro, ex juez de Curitiba que saltó a la fama por procesar y perseguir al ex presidente Lula Da Silva y otros funcionarios del Partido de los Trabajadores en la mega causa conocida como "Lava Jato".

El tratado, punto por punto:

Ambos gobiernos se obligan a extraditar a las personas "acusadas, procesadas o condenadas" por las autoridades de la parte requiriente, en razón de delitos preestablecidos. El último tratado vigente en la materia, que data de 1961, no incluía a los sujetos imputados.

La extradición regirá si el imputado, procesado o condenado es objetado por faltas con pena de prisión de dos o más años, según la legislación de cada país. En caso de haber una condena, el traslado se hará siempre que la pena que le toque cumplir sea mayor a un año.

Además, si la extradición fuera solicitada por varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con los requisitos mencionados para accionar ante las autoridades judiciales del otro país.

Un detalle no menor es que cualquier infracción fiscal o delito de carácter impositivo también queda incluido en el tratado, por lo que la extradición no podrá ser denegada argumentando que en el vecino país tal comportamiento no es penado.

"Cuando se solicita la extradición de una persona -dice el nuevo acuerdo- por un delito que viola una norma en materia de tasas e impuestos, aduanas, tarifas y control de cambio, o cualquier otra infracción fiscal o disposición de carácter impositivo, la extradición no podrá ser negada por el hecho de que la legislación de la parte requerida no imponga el mismo tipo de impuesto o gravamen, o no contenga el mismo tipo de regulación de la parte requirente en dichas materias".

De todos modos, la Argentina y Brasil se admiten denegar la extradición cuando la persona buscada por la Justicia fuera ciudadano nacionalizado de la parte requerida. De ese modo, el tratado sirve a la Justicia argentina, casi exclusivamente, para requerir la presencia en tribunales de personas nacidas en el país o de extranjeros de terceros países.  

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Corrupción en la mira

El nuevo acuerdo bilateral se ajusta a la situación judicial que enfrentan numerosos ejecutivos y funcionarios de ambos países involucrados en las investigaciones del Lava Jato, que desnudó una trama de sobreprecios y coimas en la obra pública brasileña, pero también en sus repercusiones locales y las sospechas de desvíos en obras encaradas por el kirchnerismo, como el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, donde aparece el gigante constructor Odebrecht.

En paralelo a este acuerdo, las autoridades de ambos países siguen evaluando un mecanismo para el intercambio de información de imputados brasileños que podrían ayudar a identificar hasta dónde llegaron los más de u$s 35 millones que Odrebecht reconoció distribuir en sobornos.

Desde la cartera de Justicia, que conduce Garavano, subrayaron que el foco de este tratado "es luchar contra la corrupción".