Miércoles  24 de Abril de 2019

Argentina marca distancia de organismos de DD.HH. y pide "respeto" a su autonomía

Tras los choques por casos como el de Milagro Sala o Santiago Maldonado, el Gobierno remitió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ese planteo. ONGs protestaron contra el escrito.

Argentina marca distancia de organismos de DD.HH. y pide "respeto" a su autonomía

El gobierno de Mauricio Macri envió una declaración a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde expuso su deseo de "perfeccionar" el sistema continental de garantías, luego de sugerir que este organismo viene entrometiéndose en asuntos internos a cada Estado.

La Argentina, junto con Brasil, Chile, Colombia y Paraguay -todos gobiernos con líderes de centroderecha- demandaron que se respete "el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados" para asegurar a sus habitantes los derechos y garantías consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, también conocido com "Pacto de San José de Costa Rica").

La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A la CIDH le compete la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, y por ello interviene en forma subsidiaria cuando algún sujeto considera que la Justicia en su país no satisfizo su reclamo o vulnera sus derechos. Tras investigar, eleva el caso a la consideración de la Corte IDH.

Entre estos organismos y los países que remitieron la carta existe una tácita tensión por entender que la CIDH y la Corte IDH se vienen extralimitando en sus funciones, opinando sobre situaciones de alto impacto para la opinión pública de cada país, bien presionando para instalar legislación sobre diversos temas, o bien queriendo sentar jurisprudencia sobre una sentencia judicial, cuando los criterios aplicados son válidos solo para el país eventualmente condenado por no garantizar los derechos de sus ciudadanos.

El actual secretario de la CIDH es el brasileño Paulo Abrāo, ex secretario de Justicia del gobierno de Lula Da Silva. Advertido de la carta y su difusión en la prensa, el organismo reconoció el mensaje y valoró la "postura constructiva" de los Estados.

En este contexto, los gobiernos de Macri, Jaír Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque y Mario Abdo demandaron que la CIDH y la Corte IDH hagan una "estricta aplicación de las fuentes del derecho internacional" al tiempo que subrayaron que "las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano sólo tienen efectos para las partes del litigio".

Fuentes diplomáticas confiaron a El Cronista que el Gobierno pretende una "revaluación del sistema interamericano de Derechos Humanos", sobre el que ya hay procesos lanzados, y a la vez insistir en que son los propios Estados los responsables de impartir Justicia a sus ciudadanos.

Desde la esfera no gubernamental, el director ejecutivo de Human Right Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, sostuvo que los cambios propiciados son "una intromisión indebida en los asuntos de la CIDH y la Corte que además podría politizar gravemente su funcionamiento". Catalogó el documento como "un error colosal".

La CIDH y la Argentina

En relación con la Argentina, el secretario general de la CIDH y el relator especial para el país se expresaron contrarios a las reformas que el Gobierno instrumentó en la Ley de Defensa para avalar el envío de efectivos de las fuerzas armadas a zonas de frontera, hablando de la "militarización" y del "regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región". 

En junio de 2017, en plena eclosión del tema, funcionarios de la CIDH visitaron a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en el centro de detención de Alto Comedero, Jujuy, donde está detenida desde enero de 2016. Un mes después de esa visita, el organismo demandó al Estado argentino que le otorgue la prisión domicialaria, pero el  Gobierno se excusó diciendo que no tenía competencia sobre un fallo de la Justicia provincial.

También en agosto de 2017, la Comisión otorgó medidas cautelares en favor de Santiago Maldonado, quien se encontraba desaparecido en el marco de un operativo policial llevado a cabo Chubut, y requirió al Estado proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En enero de 2018, encontrado su cuerpo sin vida, retiró esa cautelar.

El caso más delicado, sin embargo, ocurrió en junio pasado cuando la Comisión debió aclarar que no emitió ningún comunicado oficial en referencia a la legalización del aborto, horas antes de la sesión que le dio media sanción en Diputados. En esa ocasión, fue a pedido de la Misión Permanente de la República Argentina ante la OEA, en Washington, lo cual dejó mal parado al interior del gobierno al diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, que había distribuido una gacetilla basada en un correo respondido por un funcionario.

En otro orden, la CIDH opinó favorablemente sobre la condena obrada contra el asesino de la activista social trans Diana Sacayán, valiéndose de una figura novedosa, como el "transfemicidio agravado por odio a la identidad de género", y valoró que la Argentina ratificara la Convención para la protección de los derechos de las Personas Mayores.

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