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Apuran ley de Responsabilidad Fiscal: esperan tenerla aprobada para septiembre

Luego de que el gobierno nacional presentara metas fiscales trianuales, ahora busca que las provincias moderen el gasto público y lo reduzcan hacia 2019.

Apuran ley de Responsabilidad Fiscal: esperan tenerla aprobada para septiembre

En pleno año electoral, el Gobierno empieza a librar una de sus batallas: conseguir que las provincias acuerden una nueva ley de Responsabilidad Fiscal. La intención es ambiciosa ya que se buscará que antes de septiembre esté acordada y votada en el Congreso. Que sea ese el mes objetivo no es azaroso: se intentará que la nueva norma fiscal esté lista para que todos los presupuestos provinciales lo incorporen.

Para lograrlo, ayer se dio el primer paso en Mendoza. Allí se firmó un acta-acuerdo en el que las provincias se comprometen a mantener a raya el gasto público y no subir impuestos, entre otros aspectos, dentro del marco de trazar los lineamientos para la nueva ley de Responsabilidad Fiscal.

Estuvieron reunidos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero (del Ministerio del Interior); junto con los ministros de Economía y Finanzas de 21 provincias.

En el acuerdo, catalogado de histórico por el Gobierno, se delinearon reglas sobre el gasto, empleo público, carga tributaria, además de sumar normas que ponen límite a manejo de gasto en últimos 6 meses de los mandatos e impulsar la creación de un fondo anticíclico.

El documento, al que accedió El Cronista, establece que el gasto corriente primario de todas las provincias debe permanecer constante en términos reales, hasta 2019 inclusive. Este será deflactado por el IPC Nacional, por lo que se espera que el Indec lo tenga listo en algún momento de este año.

Un punto no menor es que "esta regla aplicará para el Gobierno Nacional a partir del ejercicio fiscal 2019, por el efecto que genera la aplicación de la ley de movilidad previsional durante el periodo de convergencia hacia una tasa de inflación moderada", según se justifica en el documento.

El gasto primario total no debe crecer arriba de la inflación "para el Gobierno Nacional, y adicionalmente, en aquellas provincias que no cumplan con el ratio de endeudamiento y/o presenten un resultado corriente primario deficitario".

Sobre la intención de corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria se acordó no incrementar alícuotas, no crear nuevos hechos imponibles sobre actividades productivas y tender a corregir las distorsiones más significativas existentes, "en la medida en que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas de las provincias y el gobierno nacional".

"Fue uno de los puntos en los que algunos ministros pidieron que la redacción de la norma no fuera muy estricta ya que necesitan contar con más recursos", explicó uno de los ministros que participó del encuentro ayer.

Durante la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal los funcionarios analizaron también que la nueva ley incluya una propuesta para controlar el incremento del empleo público: el personal de planta a nivel nacional, provincial o municipal no tendrá que aumentar en proporciones mayores que el crecimiento de su población.

"Consensuamos criterios para el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Criterios de variación de gasto para converger al equilibrio en 2019; reglas de transición de mandato para que el Gobierno saliente no designe personal en planta permanente y no asuma gastos que deba afrontar la siguiente administración; incentivos para constituir fondos anticíclicos", sostuvo el ministro de Buenos Aires, Hernán Lacunza.

Por su parte, el ministro de Corrientes, José Enrique Vaz Torres, sostuvo que, a su entender, el fondo anticíclico debería ser mixto "de responsabilidades y riesgo compartido entre Nación, provincias, municipios y también el sector privado".

Por ahora se estableció que estos fondos serían constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años de superávit fiscal, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia.