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Apuran el DNU con cambios migratorios, que también acorta los procesos judiciales

Pone plazo para apelar y a los jueces y fiscales para responder. En total, el proceso no supera los 15 días hábiles. Beneficios para aquellos que delaten delítos de migrantes

Migraciones, que lidera Horacio García, clave en el nuevo sistema

Migraciones, que lidera Horacio García, clave en el nuevo sistema

El Gobierno nacional creó ayer la nueva Comisión Nacional de Fronteras para regular y coordinar el funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera, iniciativa que forma parte de la batería de medidas que la administración Cambiemos planea llevar adelante respecto a los migrantes extranjeros que hoy están o quieren entrar en la Argentina.

La iniciativa, que tiene como objetivos aumentar la integración fronteriza, facilitar el tránsito de personas y agilizar el comercio internacional, fue oficializada en medio de los rumores que mencionaron que hoy podría ser publicado en el Boletín Oficial el decreto adelantado ayer por este diario, con el que el Ejecutivo planea introducir importantes modificaciones a la Ley de Migraciones ( Ley 25.871). Ese decreto principalmente propone un sistema de deportaciones exprés para extranjeros que hayan pasado por el sistema penal argentino.

Pero, además, también impondría otras modificaciones como la implementación del sistema de delación con el "premio" de "permanencia excepcional" de residencia para los extranjeros que brinden información o datos precisos relacionados a un delito migratorio o que contribuyan a evitar un delito; esclarecer otros; revelar identidades o a averiguar el destino de los bienes, efectos, productos o ganancias provenientes de delitos.
En la misma línea, el decreto que ayer ya estaba en los despachos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, incorpora la figura del ‘avenimiento’ a la medida de expulsión. Esto permitiría que aquellos extranjeros que no tienen un proceso penal vigente puedan acceder a un reingreso regular al territorio nacional a través de una reducción del plazo previsto de 8 años.

Otra de las profundas modificaciones que impondría el DNU tiene que ver con los proceso de apelaciones de una medida de expulsión. Al respecto se estipula que cuando se ordenó la expulsión, el migrante podrá interponer recurso jerárquico en un "plazo improrrogable" de tres días desde que fue notificado de esa decisión.

El recurso lo resolverá la Dirección de Migraciones y, si es rechazado se agota el procedimiento administrativo. Entonces las autoridades migratorias tendrán un plazo dos días hábiles para trasladarlo a un juez federal competente, quien intervendrá en el caso y tendrá la última palabra respecto a la decisión de expulsión. Si el proceso continúa, la norma establece plazos de tiempos precisos para que en el transcurso de seis días hábiles se determine si se ejecuta o no la medida de expulsión, confiaron fuentes gubernamentales.

Las modificaciones alentadas por el Gobierno en el sistema de migraciones también conllevan un cambio en la vieja ley nacional de Ciudadanía (Ley 346), porque están ligados a los requisitos de residencia y acceso a la nacionalidad argentina. Esa norma establece que son ciudadanos por naturalización "aquellos extranjeros mayores de 18 años que residiesen en la República dos años continuos y manifestasen ante los jueces federales de sección su voluntad de serlo".

Si se oficializa el texto del Decreto que ingresó a la Casa Rosada, se modificará ese artículo y se agrega que los extranjeros deberán "acreditar" fehacientemente la presencia en el país durante ese período.