Ante un fallo adverso de la Corte: cuánto sería el costo del Gobierno si suben las jubilaciones

Es por retroactivos y jubilaciones proyectadas de los 150 mil casos en litigio más el agregado de nuevos juicios  como consecuencia de la sentencia de la Corte. Pero no cambiará el presupuesto 2019 de ANSeS. Para el Ejecutivo el costo es además de mayor litigiosidad.

Ante la expectativa de un fallo adverso de la Corte Suprema mañana respecto de índice de movilidad debe aplicarse para calcular el haber inicial de un jubilado, el Gobierno evalúa que un costo "prudente" ascenderá a unos $ 70 mil millones.

Esa cifra es la proyección del Ejecutivo para lo que implica que el fallo judicial no considere el índice Ripte, como busca el Gobierno, sino el Isbic, como viene aplicando la Cámara de Seguridad Social, como consecuencia del fallo Elliff.

El Gobierno entiende que es lo que deberá afrontar no sólo para pagar las sentencias de los 150.000 casos hoy en litigio, sino al sumar una estimación de nuevos fallos, porque más jubilados inicien juicios tras la sentencia de la Corte.

E incluye la diferencia de costo hacia adelante de pagar jubilaciones calculadas en base a un haber inicial más alto, debido al uso del Isbic en vez del Ripte.

"Los $ 70 mil millones es la proyección estándar. Un escenario prudente en el que un porcentaje de los jubilados inicie juicio y haya una efectiva resolución del fallo", explicaron fuentes oficiales.

Esta proyección no incluye el riesgo adicional que quienes firmaron los acuerdos de Reparación Histórica, basados en Ripte, vayan a la Justicia a pedir un recálculo de su haber inicial según el fallo de la Corte. "Sería una aberración, ya que los acuerdos entre parte fueron refrendados por autoridad judicial, donde más de un millón de jubilados ya aceptó", explicaron.

De todos modos, en el gobierno explicaron que el fallo de la Corte sólo tendrá efecto para el jubilado Luis Blanco, que es el caso testigo sobre el que fallará el máximo tribunal. No se aplica en forma automática a todos los casos abiertos ni lloverán nuevos juicios todos juntos.

Por lo tanto, al día siguiente no cambia en nada el presupuesto de ANSeS para 2019, el dinero que puede usar del presupuesto sigue fijo: $ 114.611 para el pago de los acuerdos de Reparación Histórica. Suma $ 34.538 millones para el pago de los retroactivos de 40.040 casos, con una sentencia media de $ 850 mil y $ 19.528 millones de la Reparación Histórica.

"Más allá de la estimación de cuánto sea el costo adicional para el Estado, lo que se puede usar en 2019 del Presupuesto es lo aprobado por el Congreso. Luego, el Presupuesto de 2020 será objeto de una conversación particular respecto de los fondos que se destinen a cubrir el adicional, según el fallo que se dicte mañana", explicaron fuentes oficiales.

Ordenamiento y menor litigiosidad

El Gobierno cree que lo que trasciende del fallo de la Corte está teñido una interna de poder más que de razonabilidad jurídica.

"Tiene un costo grande el fallo, no sólo en materia económica, sino en ordenamiento y de política de Estado. Lo que está en discusión es la consolidación de una jurisprudencia unánime que termine con la industria del juicio previsional ", agregaron.

Para el Gobierno, el Legislativo ya resolvió qué índice usar con la sanción de la fórmula de la ley de movilidad y la ley de Reparación Histórica. En tanto, el Ejecutivo ya emitió la resolución de ANSeS que aplica el Ripte para casos anteriores a la Reparación Histórica: la resolución 56/2018 dispuso que las remuneraciones anteriores a agosto de 2016 deben actualizarse mediante el índice Ripte fundamentado en una ausencia de norma para actualizar esas prestaciones.

"Lo que se está discutiendo aquí es el índice que tienen que utilizar los Tribunales, no el Ejecutivo", indicaron.

Para el Ejecutivo, el índice Isbic es más distorsivo que el Ripte, que sigue el comportamiento de los salarios a lo largo del tiempo. Y entiende que el fallo Elliff sólo alerta al Poder Ejecutivo que no puede haber limitación temporal para aplicar un índice de actualización de haberes. 

Pero será la Corte mañana la que deberá fundamentar qué índice conviene utilizar y si será en forma generalizada.

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