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Allanaron la Procuración por la compra de un inmueble en 2013

Efectivos de la Policía Federal incautaron documentación en el marco de una polémica compra del edificio ubicado en la calle Perón 667 de la Capital Federal

Allanaron la Procuración por la compra de un inmueble en 2013

Si bien el operativo forma parte de la causa que investigan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, que se encuentra bajo secreto de sumario, trascendió que los policías habrían estado buscando las computadoras en las que alguna vez trabajó Guillermo Bellingi, subdirector de administración en el momento en que se compró el edificio de la calle Perón, que ayer fue separado de sus funciones a causa de un sumario administrativo ordenado por la procuradora. Además del domicilio de Bellingi, se habría retirado documentación de  la inmobiliaria Jaureguiberry, aparentemente involucrada en la operación cuestionada, según publico el diario Clarín en su sitio web.

La controversia por la compra del inmueble surgió hace quince días, cuando trascendió que la justicia investigaba la compra de la sede de la Procuración en la calle Perón. La firma titular del edificio, Arfinsa, habría pagado 8 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez, una subcomisión de 3 millones al productor de seguros, Juan Carlos Thill. Se investiga si éstos están vinculados al empresario Héctor Alonso, ex marido de Gils Carbó y gestor inmobiliario.

Antes de concretar esta polémica operación, se había preadjuicado la compra de otro edificio en el 2012, pero Gils Carbó la anuló y llamó a una nueva que terminó con esta adquisición.

En respuesta al escándalo, Gils Carbó firmó la resolución 782/17 para la apertura de una investigación administrativa destinada a esclarecer los hechos que -según la página "fiscales.gov.ar"- "dieron lugar a distintas denuncias periodísticas publicadas durante el último fin de semana y que forman parte de una causa penal en la que se investigan supuestas maniobras ilegales vinculadas a la adquisición del inmueble de la calle Perón 667", en alusión a una nota de Clarín y otra de Infobae del domingo pasado.

En la resolución, Gils Carbó precisó que se trata de "eventos de alta gravedad que demandan una actuación institucional acorde a la transparencia con que esta Procuración General se ha venido desempeñando".

El sumario está a cargo del Fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, quien deberá producir un informe final en un plazo no mayor a 60 días. En la Justicia federal se recibió una denuncia contra Gils Carbó por presunto cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos a raíz de la compra del edificio, donde aparecería involucrado su ex marido.

La causa podría ser uno de los ejes más fuertes del pedido de juicio político de la jefa de los fiscales y socia fundadora de "Justicia Legítima".