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Allanan Odebrecht en Argentina y el Ejecutivo analiza las concesiones

Dos ministros plantearon la posibilidad de quitarle contratos o no dejarlos participar de nuevas licitaciones si no colaboran con la Justicia

Allanan Odebrecht en Argentina y el Ejecutivo analiza las concesiones

El caso Odebrecht sumó un nuevo capítulo ayer. Mientras se espera un encuentro entre el Ministerio de Justicia y los abogados de la constructora brasileña para avanzar en un posible acuerdo que deje a la empresa bajo la figura de arrepentido, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el procedimiento en las oficinas de la firma en Leandro Alem al 800, por pedido del fiscal Federico Delgado, en el marco de la causa que investiga los negocios con la empresa de aguas AySA para la construcción de una planta potabilizadora, informaron fuentes judiciales.

La decisión tenía como objetivo encontrar el contenido de las computadoras de los principales directivos de la compañía, así como cruces telefónicos.

En medio de esto, la legisladora porteña Graciela Ocaña escribió en la red social Twitter que el Juez Martínez de Giorgi ya había allanado hace un año estas oficinas y tiene todos los servidores en su juzgado.

El procedimiento se inició en un impasse al encuentro que tenían programado el ministro Germán Garavano con los abogados de Odebrecht para intentar llegar a un acuerdo para aportar información sobre los u$s 35 millones de sobornos que dice la empresa que pagó en la Argentina, lo que derivó en una suspensión hasta nuevo aviso.
Mediante un comunicado la constructora confirmó el allanamiento "en el marco de la causa 1614, que tramita en el juzgado federal 7. La empresa se había presentado el día 9 de mayo en el mismo juzgado y ofreció colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente".

Pero mientras se discute la forma en la que se pueda replicar algún sistema parecido al de Brasil en donde la delación tiene un "premio", en el Ejecutivo analizar la continuidad de las concesiones que están en manos de la empresa brasileña.

Tanto es así que el ministro Garavano fue bastante explícito al afirmar que "si no contribuye, es una posibilidad cierta" que se le rescindan contratos.

En la misma línea, el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren se refirió a la situación de la brasileña señalando que "no debería seguir participando en obras hasta que la Justicia resuelva su situación".
La más emblemática es el soterramiento del Sarmiento, obra que la administración Macri decidió financiar con u$s 3000 millones vía créditos y fondos propios.

Esta obra es en un consorcio conformado por la local Iecsa –hoy propiedad de Marcelo Mindlin pero cuando se hizo la concesión era del primo del presidente Ángelo Calcaterra– y la italiana Ghella.

Hace unos meses el medio O Estadao do Sao Paulo publicó que en el análisis de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, ejecutivo de Odebrecht en la Argentina durante gran parte del kirchnerismo, el empresario dejó asentado que un representante de Iecsa, mantuvo reunio nes para tratar el pago de coimas a funcionarios argentinos.