Jueves  15 de Noviembre de 2018

Ajuste por inflación: para la Corte, la tasa de 46% ya es confiscatoria

Al rechazar un recurso de la AFIP, la Corte convalidó bajar de 62% a 46% la tasa efectiva de Ganancias que es confiscatoria cuando no se aplica ajuste por inflación

Los abogados de empresa cada vez con más trabajo por la indexación
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La Corte Suprema de Justicia, al rechazar por inadmisible un recurso extraordinario interpuesto por la AFIP, ratificó su criterio de permitir la aplicación del procedimiento del ajuste impositivo por inflación previsto en la Ley del Impuesto a las Ganancias, pero esta vez cuando la no aplicación del mecanismo indexatorio hubiera arrojado una tasa efectiva del tributo de 46,46%. Es decir, un parámetro más bajo y favorable a los porcentajes que previó el Máximo Tribunal en el emblemático caso Candy.

El rechazo al recurso se dio en la acordada de la Corte del martes último. Si bien en la causa Royo, la Corte dijo que aplicaba el precedente del caso Candy, más tarde al confirmar por default un fallo de Cámara más beneficioso, bajó la marca que deben superar los contribuyentes a 46,46%, la más baja convalidada hasta ahora por el máximo tribunal.

La causa Candy fue resulta por la Corte Suprema el 3 de julio de 2009. En el caso, el Máximo Tribunal tuvo en cuenta los índices inflacionarios de 2002 (117% en precios mayoristas y 40,9% en precios minoristas), y al tener en cuenta los informes del ejercicio fiscal finalizado ese año de Candy SA, confirmó que el pago del impuesto sin ajuste sería del 62% del resultado impositivo ajustado o 55% de las utilidades ajustadas obtenidas, en lugar del 35% que fija la Ley de Ganancias, excediendo el limite razonable de imposición.

También en aquellos casos en que el resultado no daba lugar a impuesto a ingresar, con lo cual no había conque comparar, se tomó el impuesto en relación al capital de la empresa. En el caso Gullinghan, que representó el Estudio Navarro & Fiocco, se consideró que existía confiscatoriedad porque el impuesto que se pretendía, absorbía el 8% del capital.

La causa Royo había pasado por dos Salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y esta era la segunda intervención de la Corte Suprema de Justicia en el caso.

Mediante la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario, la Corte aceptó en esta segunda intervención que en los supuestos en que la no aplicación del ajuste eleva la tasa efectiva del tributo al 46,46%, se da un supuesto de confiscatoriedad que lleva a la declaración de inconstitucionalidad.

Lo único que no acepta la Corte es trasladar quebrantos de 2002 al ejercicio 2003.

Firmaron el rechazo del recurso Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Según sostiene Patricio A. Navarro, del Estudio Navarro & Fiocco, que patrocinó a la empresa Royo, "la falta de conducción racional por parte de la Subdirección Legal de la DGI, la lleva a seguir insistiendo con tesis que han sido expresamente rechazadas por la Corte Suprema, generando costas que solo perjudican al Estado, que somos todos".

Navarro añadió que "ahora se acerca un nuevo conflicto, que es el efecto confiscatorio que producen las diferencias de cambio por colocaciones en el exterior en el balance de las empresas, como consecuencia de la pérdida de valor del peso, generando utilidades ficticias que terminan absorbiendo el capital invertido, sin que el mismo haya sido utilizado en el exterior o traído a la Argentina", y confió que el Poder Judicial demuestre su "independencia republicana" en este caso.

La primera de las salas de la Cámara solicitó a una perito contadora la confección de un informe técnico que contemplara las pautas contenidas en su pronunciamiento.

Pero la AFIP rechazó sus conclusiones, con sustento en que no cumplían con las directivas del caso Candy, y practicó una nueva liquidación, que arrojó un resultado neto impositivo de 46,46% lo cual, afirma, es menor a la tasa considerada confiscatoria por la Corte Suprema de Justicia en su fallo.

La segunda sala de la Cámara recibió estos cálculos de la AFIP y los usó en su contra, al afirmar que demostraban que el Impuesto a las Ganancias era confiscatorio si no se aplicaba el ajuste por inflación.

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