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Acuerdo final por el bono de $ 5000 suma medidas para frenar despidos

Hubo acuerdo entre el Gobierno, empresas y la CGT. Plus obligatorio en dos tramos y mecanismos para minimizar las desvinculaciones hasta marzo

Sica, Macri y Triaca lograron desactivar protesta clave en la semana del G20

Sica, Macri y Triaca lograron desactivar protesta clave en la semana del G20

Tras varias jornadas de intensas negociaciones, y a contrarreloj para desactivar el paro de la CGT, el Gobierno logró ayer consensuar con empresarios y sindicalistas el texto final del decreto por el cual se dispondrá un bono de fin de año de $ 5000, obligatorio para el sector privado formal.

A la vez incluyó medidas que reclamaba la CGT para cuidar el empleo, que estarán vigentes hasta fines de marzo próximo. A través de otro decreto, se estableció que las empresas que decidan achicar sus planteles, deberán informarlo con 10 días de antelación a las autoridades, a fin de buscar mecanismos para evitar los despidos.

Tal como informó El Cronista, el pago del bono será obligatorio, no remunerativo y en dos tramos, con los salarios de noviembre y enero de 2019, con carácter no remunerativo. En cada sector se podrá negociar si se toma a cuenta de paritarias, algo que en principio fue resistido por la CGT y casi hace naufragar el consenso social.

De algún modo, el otorgamiento del plus intenta morigerar parte del fuerte deterioror del poder adquisitivo de los salarios en medio de la crisis y la escalada inflacionaria que coquetea por acercarse al 50% anual.

En ese sentido, el IERAL de la Fundación Mediterránea sostuvo que el bono compensatorio "resulta un instrumento adecuado" para un escenario de deterioro del poder adquisitivo por la inflación y calculó que "la incidencia de un bono de $ 5000 alcanza al 26% del salario mensual de un trabajador de la construcción, al 9,9% de un bancario y al 14,5% de un camionero".

Al gesto de mejora para los bolsillos, se sumaron las medidas antidespidos, un reclamo de los sindicalistas en medio de la caída de la actividad y el achicamiento de planteles en distintas ramas productivas y los temores a que se dispare el desempleo en medio de la recesión.

Así, Gobierno, empresas y sindicatos acordaron el texto del decreto antidespidos, cuyas medidas regirán hasta fines de marzo, cuando desde las despachos oficiales esperan comience a notarse la reactivación.

El decreto resalta que las empresas que pretendan recortar sus plantillas deberán informar al Ministerio de Producción y Trabajo 10 días antes de concretar los despidos sin causa.

A su vez, el artículo 7º de la norma establece que una vez que la cartera que conduce Dante Sica reciba la notificación por parte de la empresa, podrá convocar a las partes para analizar la situación y discutir mecanismos para evitar o minimizar los despidos.

Por ejemplo, en lugar de echar personal, puede surgir un acuerdo con el gremio para reducir de manera temporal la jornada laboral, como ocurria en actividades como la automotriz.

Ese mecanismo, que regirá en forma paralela al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), deberá ser cumplido no importa cuál fuere la cantidad de personas a despedir. La norma sólo hace referencia al sector privado formal, por lo que quedan eximidos los trabajadores del sector público, como también los del sector rural y las empleadas domésticas.

En la negociación el empresariado hizo algunas sugerencias, como fijar un límite numérico para reportar despidos o que el bono pueda ser tomado a cuenta de paritarias.

Finalmente y sobre el filo de la decisión gremialista de lanzar un paro para la semana del G20 en Buenos Aires, el Gobierno logró el visto bueno de ambos sectores.

Aunque el pedido sindical era para que las empresas sólo estarán obligadas a informar los despidos y a intentar buscarle una solución, pero si finalmente optan por ese camino, podrán hacerlo. El esquema apunta a descomprimir la creciente inquietud del sindicalismo por fijar algún mecanismo para frenar los despidos en el marco del escenario de recesión económica.

Si bien desde la CGT se impulsaba la implementación de un medida de prohibición de despidos, finalmente la central obrera avanzó en el diálogo con Sica, y representantes de la UIA, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y CAME para definir el mecanismo que desaliente en forma indirecta las desvinculaciones, por medio de la intervención de las autoridades laborales.