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Aborto no punible: organizaciones sociales le piden a Vidal que implemente el Protocolo

A través de una carta, le pidieron que no anteponga “concepciones morales o religiosas personales”.

Aborto no punible: organizaciones sociales le piden a Vidal que implemente el Protocolo

Un grupo de organizaciones de derechos humanos y de mujeres de la sociedad civil presentaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, la ministra de Salud Zulma Ortiz y al secretario de Derechos humanos, Santiago Cantón, de la Provincia de Buenos Aires, para expresar su “preocupación” por las versiones que atentan contra la implementación del Protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) anunciado por la Provincia de Buenos Aires.

El 12 de octubre, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de la Resolución 2095/2016, derogó la vieja Resolución 3146/2012 que incorporaba obstáculos al acceso al aborto legal y procuraba de esta manera adecuar los lineamientos para el acceso a la interrupción legal del embarazo de todas las mujeres, niñas y personas trans bajo las causales que el marco normativo habilita.

La medida estaba en sintonía con la política definida por el Ministerio de Salud de la Nación y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. De este modo, la provincia de Buenos Aires se sumaba a las 8 jurisdicciones que ya contaban con protocolos de atención respetuosos de la ley y los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012.

Sin embargo, Vidal explicó ayer que su distrito no adherirá al protocolo nacional sobre interrupción del embarazo porque la provincia “ya tiene un protocolo” para la instrumentación del aborto no punible que “representa estrictamente” lo fijado por la Corte.

En la carta, las organizaciones sostienen que “el Protocolo ILE no hizo sino ofrecer claridad y certeza a la comunidad médica respecto del proceder debido frente a casos de peligro para la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación; además de evitar obstáculos innecesarios a las mujeres y niñas que buscan acceder a la práctica del aborto en los servicios de salud locales”.

“La definición de una política sanitaria por parte del Ministerio resulta de extrema relevancia frente a la repetición de casos en los que los servicios de salud han fallado en asegurar el respeto al derecho a la vida, la salud, la integridad y la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes, que implicaban la reproducción de situaciones de violencia institucional incompatibles con las obligaciones del estado argentino”, consideraron.

El texto sostiene que “de manera sorpresiva, sin embargo, se han difundido, en medios locales, versiones que atentarían contra su implementación". "Las organizaciones firmantes -sigue- queremos insistir en que retrotraer la situación y dotar de vigencia a la vieja resolución no solo representa un desconocimiento y un revés para los derechos de las mujeres, sino además compromete la responsabilidad constitucional e internacional de la provincia y el Estado”.

“Frente a la inminente rendición de examen del Estado argentino ante el Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la visita de la Relatora contra la Violencia al país en menos de un mes, todo ello en un contexto de índices elevados de femicidios y la marcha del NiUnaMenos, esta iniciativa presentaba una oportunidad de reivindicar un avance en la jurisdicción bonaerense en materia de derechos de las mujeres”, continúa el texto.

Las organizaciones consideraron que “la Provincia tiene la obligación de anteponer el diseño e implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos de las mujeres y niñas por sobre concepciones morales o religiosas personales”.

“Por lo demás, dar marcha atrás a la medida transmite un mensaje de tolerancia frente a aquellos efectores de salud que continúan sumando obstáculos para que las mujeres accedan a su derecho, empujándolas a situaciones de riesgo para su salud y su vida”, agregan.

Por último, las organizaciones expresaron su “firme apoyo a la medida emprendida por su gobierno. La jurisdicción a su cargo tiene el imperativo legal de respaldar el camino para adecuar el Protocolo local al marco jurídico existente. Esperamos que este gobierno se encuentre a la altura de su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y niñas de la provincia”.

Entre los firmantes figuran Amnistía Internacional, Abogados por los Derechos Sexuales, Católicas por el Derecho a Decidir, CELS, Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto, MuMaLáMaria, entre otros.