TRAS EL RECHAZO DEL SENADO AL PROYECTO DE LEGALIZACIÓN

Aborto: incorporarán la despenalización al nuevo Código Penal

Lo confirmaron ayer Macri y el jefe de Gabinete. La iniciativa oficial será enviada el 21 de agosto al Congreso. Pero aún hay dudas sobre la redacción definitiva

Apenas horas después del debate en el Senado que culminó con el rechazó al aborto legal, el presidente Mauricio Macri y luego el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmaron que la despenalización del aborto estará incorporada en la reforma del Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso el 21 de agosto. Con ese anuncio, que había trascendido en plena discusión de la Cámara alta y fue oficializada en la mañana de ayer, el Gobierno apunta a descomprimir el malestar que el rechazo a la legalización generó en amplios sectores sociales, en especial porque fue el propio Presidente quién dio impulso al debate legislativo del aborto. "Estos debates que comienzan van a continuar", afirmó Macri, aseguró que "los argentinos estamos madurando en libertad", y consideró que "estamos aprendiendo qué significa vivir en democracia con libertad plena".

A su turno, al finalizar la reunión de Gabinete que se realizó en Casa Rosada, Peña fue consultado sobre el debate que había concluido en la madrugada del jueves en el Senado con el rechazo, por 38 votos contra 31, al proyecto de aborto legal que había sido aprobado por Diputados. Y, sobre ese punto, resaltó que el 21 de agosto el Gobierno enviará al Congreso la reforma al Código Penal que toca este tema (el aborto)".

El funcionario destacó la importancia de "buscar consensos" tras el debate, al tiempo que resaltó que "hubo cosas en las que todos estuvieron de acuerdo" y entendió que, por ello, se debe "aprovechar todo lo que se aprendió y se discutió". Ese punto de consenso al que se refirió el jefe de Gabinete fue la eliminación del castigo penal a las mujeres que se practiquen un aborto y que actualmente están contempladas en el Código, dado que hubo en el Senado más legisladores a favor de "no penalizar a las mujeres" que de legalizar una práctica clandestina.

La diferencia principal entre ambas es que la legalización establece el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho que debe ser atendido por el sistema de salud pública, mientras que la despenalización sólo descarta la pena de prisión para la mujer.

Según explicaron fuentes oficiales a El Cronista, el camino elegido por la comisión de especialistas que están trabajando en la redacción de la reforma que impulsa el Gobierno "siguió el criterio de la Corte Suprema en el caso FAL, aunque previó dos supuestos de despenalización, abusos sexuales y peligro para la salud física o psíquica de la madre". Este último punto, la salud "psíquica", es la que abre una puerta hoy cerrada a una posible solución para las mujeres que quieren llevar adelante la interrupción del embarazo. De todas formas, les fuentes oficiales explicaron que "todavía no está definido si esa es la versión que se va a mandar al Congreso" y que se "están analizando otras posibles redacciones". El problema que no resuelve esta redacción es la cuestión "clasista" que estuvo presente en la discusión. La decisión final quedará en manos de un juez, quien habilitará o no la interrupción de un embarazo. Pero no resuelve ni al acceso a la justicia (los abogados y peritos que puedan certificar) ni la situación de ilegalidad a la que se someten las mujeres y que se expuso en las discusiones.

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