Aborto: el Gobierno comprará misoprostol para garantizar las interrupciones legales

Al cierre de 2018, un año en el que uno de los debates más importantes fue el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, la Secretaría de Salud llamó a una licitación para la compra de misoprostol, la droga que se utiliza para los abortos medicamentosos. 

La licitación, cuyo estado puede consultarse online en el portal de compras públicas, fue creada el 12 de diciembre del año pasado, y busca adquirir 8000 unidades de misoprostol "de 12 comprimidos por tratamiento" a Laboratorio Domínguez, según confirmaron a El Cronista desde la Secretaría de Salud de la Nación. Esta es la dosis requerida para interrumpir un embarazo, algo que en la Argentina es legal por causales desde 1921.

Fuentes de la secretaría de Salud y de Laboratorio Domínguez informaron que la licitación está en proceso actualmente y que ya se realizó la apertura de la oferta. Estiman que en marzo podría haber novedades de la concreción de la compra por parte del Estado. 

El valor total de la compra es de $ 14,9 millones, con un costo por cada caja de $ 1867,32. En las farmacias, la caja de MISOP 200 (el nombre comercial de la droga que produce Domínguez) tiene un costo de $ 3131,98 en la presentación de 12 comprimidos; por lo que la licitación prevé un precio 40% inferior al que adquieren los consumidores finales.

Desde la cartera que conduce Adolfo Rubinstein le dijeron a El Cronista que "se trata de una licitación directa simple por exclusividad, por ser el único laboratorio argentino que produce esta droga". Si bien en la Argentina hay otro laboratorio que produce un medicamento que contiene misoprostol (Labotatorio Beta, que produce Oxaprost), ese producto no está indicado con fines ginecológicos sino que está combinado con diclofenac y se utiliza para tratamientos gástricos.

Además de Domínguez, hay dos laboratorios públicos que manifestaron su intención de producir misoprostol. Es el caso del Laboratorio Industrial Farmacéutico, de Santa Fe, y Profarse, de Río Negro, pero por el momento ninguno de los dos tiene las prubeas de estabilidad de la droga superadas. Fuentes del gobierno santafesino le dijeron a El Cronista que estiman que en marzo podrían concretarse los últimos testeos en el laboratorio público.

En la Argentina, el aborto es legal por causales desde 1921. El Código Penal contempla la interrupción del embarazo en caso de que continuarlo ponga en riesgo la salud de la persona gestante o también si fue producto de una violación. En 2012, la Corte Suprema de la Nación ratificó este derecho a través del fallo FAL, en el cual indicó que no hace falta la intervención del Poder Judicial para autorizar una interrupción del embarazo, y además aseguró que la salud debe considerarse deforma integral, más allá de la ausencia de enfermedad.

Según informó Rubinstein en el Senado, cuando expuso en el debate por el proyecto para legalizar la práctica, en la Argentina se calcula que se realizan 354.627 abortos al año, es decir, 41 por hora. De ese total, el 70% de ellos se realizan con misoprostol y en su inmensa mayoría (el 85%) no tienen complicaciones. Si se legalizara, se  podría ahorrar un 84% del actual presupuesto que el sistema de salud le destina a la atención de las complicaciones, aseguró el secretario de Salud en ese momento.