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ART: el Gobierno busca aval empresario y gremial para enviar reforma al Congreso

El último borrador del proyecto prevé que las comisiones médicas sean obligatorias y sus resoluciones tengan carácter de "cosa juzgada". La CGT pide capítulo de prevención

Los juicios contra las ART elevan el costo laboral de las empresas

Los juicios contra las ART elevan el costo laboral de las empresas

Con el objetivo de enviar este mismo mes la iniciativa al Congreso, el Gobierno acercó en los últimos días a organizaciones empresarias y gremiales su propuesta de reforma al sistema de riesgos del trabajo y prevé iniciar esta misma semana una ronda de encuentros con esas entidades para consensuar los aspectos centrales del proyecto que impulsa en la apuesta de frenar la creciente "industria del juicio" en el sector.
La iniciativa gubernamental, que fue objeto de múltiples reformulaciones en los últimos tres meses, incorpora como elemento central que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial, según establece el último borrador del proyecto al que accedió El Cronista. La intención oficial es que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de "cosa juzgada" en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.
Mediante ese esquema el Gobierno prevé desalentar el incesante aumento de las demandas judiciales contra el sistema, que solo durante agosto último registraron un incremento interanual del 22%, situación que se traduce en la suba de los seguros y el costo laboral de las empresas. Según las estimaciones de la administración macrista, la litigiosidad contra el régimen de ART supone un costo laboral de alrededor de u$s 5000 millones con un stock de casi 400 mil juicios acumulados.
Además, el proyecto oficial impulsa la creación del denominado "autoaseguro público provincial" destinado a que las provincias y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo correspondientes al personal enmarcado en los regímenes de empleo público de esas jurisdicciones.
A diferencia de su propuesta original y debido a la falta de consenso entre los actores del sistema, el último borrador de la iniciativa dio marcha atrás con la intención de que sea el fuero federal de la seguridad social y no el fuero laboral, el ámbito jurisdiccional en el que deban dirimirse las controversias vinculadas al sistema.
Desde esta semana el Ejecutivo buscará reunir los apoyos necesarios para asegurar la sanción del proyecto tras haber dejado de lado la idea de impulsar la reforma a través de un decreto de necesidad y urgencia. No será una tarea sencilla: La conducción de la CGT ya anticipó que no avalará ninguna propuesta que no incorpore un capítulo especial sobre "prevención" de accidentes. En tanto que empresas y las aseguradoras nucleadas en la UART reclaman avanzar en la implementación de procedimientos sustentables y efectivos para contener la ola de juicios.