ANSeS prevé pagar las sentencias a los jubilados por $ 32.000 millones en 2017

El Gobierno presupuestó $ 31.816,5 millones para pagar las sentencias de los jubilados en 2017.
De ese total, $ 15.000 millones se destinarán a la cancelación de la deuda previsional de ANSeS con los jubilados que no ingresen al programa de reparación histórica. Y $ 16.816,5 millones están previstos para pagar los retroactivos de los beneficiarios que sí acepten homologar los acuerdos que propone el programa, lo que está previsto fondearse con dinero del blanqueo o de las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El monto proyectado para las sentencias habituales es similar al que se había presupuestado para 2016, con un aumento del 20% sobre de $ 12.500 millones previstos para este año. Se estima que el ajuste aplicado proviene de la ley de movilidad que utiliza para actualizar las jubilaciones.

De lo previsto para este año, ANSeS informó que al 15 de septiembre había utilizado $ 11.106,6 millones para cancelar 27.542 sentencias. En el total para 2017, previó un límite de $ 2.756,7 millones para los ajustes en las prestaciones de las cajas de las fuerzas armadas y de seguridad.

Los fondos previstos para pagar el programa de reparación histórica deberían provenir del sinceramiento fiscal, a transferirse a una cuenta recaudador de ANSeS. Aunque el blanqueo arrancó con poca fuerza, a mediados de septiembre, el organismo informó que habían recibido $ 55 millones de esa fuente para pagar los primeros reajustes de haberes.

La otra fuente prevista son las utilidades y la venta de activos del FGS, que hoy se encuentra provisoriamente disponibles para ese fin. La autorización depende de que la Justicia rechace una cautelar que apeló ANSeS.
De todos modos, en el FGS estiman que la reparación histórica consumirá sus utilidades a partir del tercer trimestre del año que viene. En tanto, la cautelar no le impide vender activos para otros fines.

Finalmente, el artículo 29 de la ley de presupuesto autoriza al Jefe de Gabinete a ampliar la partida presupuestaria, tanto para cancelar las deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa, como por la reparación histórica. Pero todavía debe discutirse en el Congreso. "La gran duda del año que viene es si existirá la posibilidad de reasignación de partidas", dijo Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad.

De todos modos, los abogados previsionalistas estiman que a los jubilados bajo la ley 24.241 con sentencia firme no les resultará conveniente aceptar la propuesta oficial, porque la quita puede superar el 50%, al utilizar índices menores a los que aplican los fallos, y generalmente son menores de 80 años y la propuesta no les llegará en el primer año. La resolución 306 de la ANSeS elevó los honorarios para los abogados a $ 1141,6 para homologar los acuerdos voluntarios.

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