SE ELEVAR EL MONTO M NIMO A PARTIR DEL CUAL SE DEBEN REPORTAR OPERACIONES A LA UIF

A pedido de los contadores, el Gobierno flexibiliza normas antilavado de dinero

Tras presentar amparos y reunirse con funcionarios de la UIF, los contadores lograron cambios. Elevan el límite para informar transacciones de $ 3 millones a $ 6 millones

La batería de resoluciones que dictó la UIF en los primeros 45 días del año, para poner a la Argentina al día con el GAFI en su lucha contra el lavado de dinero, alcanzó a interrumpir la rutina de varios sectores de la economía real. En casi todos ellos, las nuevas medidas se recibieron como una engorrosa y novedosa regulación que debió empezar a cumplirse desde el mismo día de su sanción, aún cuando fuera contraria al desarrollo normal de la actividad. El motivo: por el apresuramiento para completar las resoluciones antes de mediados de febrero, muchas de ellas fueron elaboradas sin previa consulta a los principales actores de cada sector.
Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los contadores. Algunos consejos de profesionales del interior del país presentaron amparos judiciales ante la medida, y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) pidió atender una lista de reclamos en una reunión que mantuvo el 21 de marzo pasado con las autoridades oficiales en la sede de la UIF.
Con todos estos esfuerzos, el sector ya logró conmover a José Sbatella para que eleve, próximamente, el activo mínimo de los individuos o las empresas auditados por ellos a partir del cual deberán hacer reportes sistemáticos al organismo, desde los $ 3 millones hasta los $ 6 millones. Y también conceder una prórroga para la aplicación de la resolución, similar a la que fue otorgada a otros sujetos obligados.
Lo más lógico es que los umbrales sean más chicos y es probable que los modifiquemos. También se está estudiando una prórroga para los plazos de presentación de los informes sistemáticos. El problema de esto es que cuanto más grandes sean, más discrecionalidad les quedará a ellos, comentaron a este diario desde la UIF.
En su sitio oficial, la FACPCE cuenta que sus pedidos fueron tres: elevar el activo mínimo hasta ese monto, conceder una prórroga hasta el 1 de junio en la puesta en vigencia de la resolución para los preparadores de declaraciones juradas impositivas y eximir de la obligación de enviar informes sistemáticos a los Consejos Profesionales.
Lo cierto es que toda la profesión estuvo absolutamente movilizada por esta resolución, explica Carlos Srulevich, socio a cargo del área de auditoría de la industria financiera de Deloitte, que integró la Comisión Especial creada por la FACPCE. El problema es que el activo mínimo quedó demasiado desactualizado y reducido, y no parece tener mucho sentido hacer semejante trabajo para el kiosco de la esquina. Lo que pidió la Federación es que salga una norma modificando y aclarando algunos puntos, agregó.
Entre los contadores se cuestiona, también, otro artículo de la resolución: el que obliga a reportar operaciones sospechosas a los profesionales independientes que presten el servicio de preparación de las declaraciones juradas de impuestos de las siguientes personas físicas. El sector clama por una precisión. ¿Qué significa para la UIF preparar un impuesto?, se pregunta Srulevich. La norma, dice, muestra vacíos legales importantes que la UIF tendría que tener en cuenta.
Otro de los sectores que ya empezó a tener éxito en sus reclamos fue el de los exportadores, importadores, despachantes y agentes de carga de comercio exterior. La UIF concedió una prórroga de 6 meses en la aplicación de la resolución 39, que los consideraba sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de este delito, para elaborar una modificación en la ley. Se abrió un paréntesis de discusión con el organismo, porque para los empresarios del comercio exterior esto es absolutamente novedoso. Pedirle esta información a un cliente que no es de una actividad financiera abre un mundo completamente nuevo, comenta Claudio Fiorillo, socio de Deloitte.
En la UIF hicieron pública su concesión. Considerando la complejidad del sector y su implicancia en el comercio internacional, resulta conveniente la creación de una comisión interdisciplinaria cuya misión será la de consensuar, en un plazo máximo de 180 días, los mecanismos que permitan instrumentar la nueva normativa de la UIF de manera eficiente, afirmó José Sbatella, días atrás.

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