Lunes  28 de Enero de 2008

Oyarbide elevó a la Corte Suprema la causa por autos diplomáticos

El juez federal se declaró “incompetente” para atender la investigación por presuntas irregularidades en el uso de franquicias diplomáticas para importar automóviles.

El juez federal Norberto Oyarbide se declaró hoy incompetente y elevó a la Corte Suprema de Justicia toda la causa en que se investiga si diplomáticos extranjeros y funcionarios argentinos cometieron irregularidades en la importación de lujosos autos con franquicia impositiva.

El magistrado adoptó esa resolución esta tarde "luego que la Cancillería informó al juzgado sobre el estatus diplomático de algunas personas vinculadas a la causa, entre los cuáles hay embajadores y cónsules", dijo una fuente judicial a DYN.

A la consulta sobre por qué el juez también declinó su competencia con los funcionarios de la Cancillería -dado que el fuero federal debe investigarlos-, la fuente respondió: "A esta altura del proceso era imposible diferenciar entre los hechos atribuibles a diplomáticos extranjeros y a los funcionarios".

Si el máximo tribunal sigue adelante con el expediente, "lo que puede decidir, tal y como viene haciendo últimamente, es delegar en el juzgado la instrucción de la causa aunque impidiéndole tomar resoluciones con los diplomáticos, pues tienen inmunidad".

Los diplomáticos extranjeros gozan de inmunidad por la Convención de Viena y en consecuencia la Corte Suprema está obligada a pedir permiso para someterlos a proceso penal a sus países de origen o, en su defecto, cada uno de ellos debe juzgarlo, agregó la fuente.

Esta mañana cuando salía de su casa Oyarbide, ya había anticipado que "si (entre los imputados) hay alguna persona con estado diplomático, yo dejo de actuar y automáticamente doy intervención directa a la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo manda la Constitución nacional".

La resolución de Oyarbide coincidió con los trascendidos sobre cierto malestar en las embajadas de países extranjeros con el Gobierno nacional por la difusión que tuvo el caso, y una nota que envió la Cancillería a la representación diplomática de la Santa Sede para calmar los ánimos, en la que se explicó la necesidad de "colaborar" con la Justicia sin dañar la realción con terceros países.   

Ya se sabía que en la lista contenida en el requerimiento de instrucción del fiscal Luis Comparatore figuran 15 embajadores y decenas de cónsules y funcionarios de embajadas, entre otros, de Bolivia, Arturo Liebres Valdivieso; de Marruecos, Larbi Reffouh; de Perú, Martín Belaunde; de Bielorrusia, Vadin Lazerco; de Pakistán, Mohammed Nizar; la cónsul uruguaya María Blanco Musetti y el agregado de la legación estadounidense, Carlos Masa.

Todo comenzó porque el canciller Jorge Taiana ordenó una auditoría interna que develó presuntas irregularidades en el uso de franquicias para la importación de lujosos autos deportivos Lamborghini, BMW, Porsche y todoterrrenos Hummer.

El relevamiento detectó anomalías en el ingreso al país y la nacionalización de vehículos adquiridos con franquicia diplomática entre 2004 y 2007 y en base a los resultados de la auditoría, la cartera que encabeza Jorge Taiana radicó una denuncia penal.

Parte de la prueba está orientada a establecer el rol que cumplieron funcionarios de las áreas de Privilegios, Inmunidades y Franquicias de la Cancillería, cuyo ex titular Jorge Matas fue relevado por Taiana.

En forma paralela a esta causa, iniciada por una denuncia de la Cancillería, en el fuero penal económico el juez Marcelo Aguinsky instruye una causa basada en la denuncia que radicó el titular de la Aduana, Ricardo Etchegaray, por posibles maniobras de contrabando.

En ese expediente, el viernes último Aguinsky prohibió la circulación de 56 exclusivos Porsche y Hummer importados al país con franquicias y cuyos dueños ahora son ciudadanos argentinos, entre los cuáles figuran el jugador Juan Sebastián Verón y el empresario del fútbol Gustavo Mascardi, y distintos hombres de negocios.

Los 56 automovilistas ‘vip‘ fueron emplazados por el juez a presentarse en cinco días en las oficinas del Registro Nacional de la Propiedad Automotor para que los vehículos sean sometidos a "interdicción judicial".

En el total de lujosos rodados alcanzados por la resolución del juez, hay 38 cuatro por cuatro de marca ‘Hummer‘ y 18 autos deportivos ‘Porsche‘ y sus actuales titulares a partir del momento en que se presenten al Registro se convertirán "en depositario judicial" del bien en cuestión.

Si los dueños no se presentan en el plazo de cinco días ni justifican esa ausencia, el tribunal evaluará "la necesidad de proceder al secuestro" de los automotores.

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