Martes  15 de Enero de 2008

El Gobierno y Macri se unen contra los piquetes

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo hoy que “celebra y congratula” el proyecto presentado por el fiscal general Germán Garavano, que recibió además el apoyo del tiular del ejecutivo porteño.

Los gobiernos nacional y porteño dejaron momentánea por un lado sus diferencias no saldadas en torno al traslado de la policía a la Ciudad y defendieron la decisión de castigar los cortes de calle que se realicen en protestas sin autorización, promovida por la Justicia contravencional, medida que fue rechazada por grupos piqueteros que la consideraron ‘represiva‘.
  
El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó esta tarde que el gobierno nacional ‘celebra y se congratula‘ por la decisión de los fiscales contravencionales de la Ciudad de no permitir cortes de calles sin permiso previo.
  
Sin embargo, ratificó su postura de “no llegar a la represión”.
  
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, consideró “muy bien que se aplique el Código de Convivencia, que marca que hay que pedir autorización” para realizar protestas.
  
“El fiscal está tratando de que se respete la ley, porque no puede ser que grupos minoritarios, aun con reclamos justos, impidan de manera sistemática la circulación por las calles de otra gente que tiene que ir a trabajar, al hospital o a encontrarse con su familia”, agregó.

La respuesta de las organizaciones de desocupados no se hizo esperar.

El dirigente del Partido Obrero (PO) Marcelo Ramal, donde está nucleado el movimiento piquetero Polo Obrero que encabeza Néstor Pitrola, señaló que la ofensiva constituye ‘un intento de implementar un estado de excepción”.
  
“Son medidas contravencionales que están tratando de proteger una política de Macri que ya se está revelando contraria de los vecinos. Quiere proteger los resultados de su propia política‘, sintetizó, mientras denunció ‘complicidad‘ entre los gobiernos porteño y nacional.
  
Por su parte, el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, adelantó que el viernes realizarán una marcha en el centro de la ciudad, sin pedir autorización, para solidarizarse con los 2.300 empleados municipales cuyos contratos no fueron renovados y con el centenar de trabajadores despedidos del casino flotante
  
“Nosotros no le reconocemos a un Estado el derecho a violar la Constitución nacional, todos los ciudadanos de este país tienen derecho a manifestarse y a protestar‘, aseveró Castells, quien sostuvo que ‘el permiso no lo vamos a tramitar‘ y juzgó ‘represiva‘ la iniciativa.
  
“No puede ser que 2.500 trabajadores de la municipalidad sean echados por un niño bien de la oligarquía como Macri porque a él le tienen que cerrar los números para los negocios del padre‘, advirtió
  
La iniciativa ya tiene un antecedente con el fallo que obligó a 11 sindicalistas del gremio UOCRA, entre ellos su secretario general, Rubén Pronotti, a pintar escuelas por haber realizado piquetes simultáneos y sorpresivos en calles porteñas el miércoles 19 de diciembre.
  
El fiscal general porteño Germán Garavano reveló al diario La Nación que la nueva estrategia para castigar los cortes de calles consistirá no sólo en identificar y sancionar a los piqueteros, sino en castigar a los jefes de las organizaciones gremiales o sociales que realicen estas manifestaciones fuera de la ley.

"Vamos a hacer un cambio en el abordaje del problema. Vamos a ir contra los responsables, los líderes de las organizaciones, contra los que arman estas marchas‘, apuntó
  

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Martín Lapadú, fiscal contravencional porteño, defendió los castigos contra "las asociaciones que están detrás, no las "personas físicas" que los concretan.
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Por su parte, el fiscal contravencional Martín Lapadú enfatizó hoy, en contacto con radio América, que ‘hay un fuerte reclamo de la sociedad‘ para ‘tratar de restablecer el orden público".

Entiendo que es una posición de la fiscalía general, que sin ninguna duda llevaremos adelante los fiscales de primera instancia, de hecho lo estamos haciendo‘, sostuvo.

Asimismo, confió en que "con estas nuevas normas y esta nueva disposición política, de a poco, en forma gradual, se va a ir recuperando el orden‘.

De ahora en más, según la iniciativa, quien pretenda hacer una protesta y corte de calles deberá avisar previamente, con razonable anticipación, a las autoridades.
 

Las sanciones contempladas van desde la imposición de hasta 5 días de trabajos comunitarios hasta el pago de 1.000 pesos de multa.

"No queremos criminalizar la pobreza, sino castigar a los que se valen de esta gente para ganar", explicó Garavano. 

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