La decisión de la jueza Loretta Preska cayó como una bomba en YPF y en el Gobierno argentino. Aunque ya había un fallo adverso -que obligaba a pagar u$s 16.000 millones al país-, los defensores legales del Estado argentino creían que podían llegar a un entendimiento con los demandantes (encabezados por el fondo Burford).
En YPF no hicieron declaraciones al respecto, en el mundo petrolero cuentan que Horacio Marín -titular de YPF- tuvo una reacción temperamental. En el Gobierno soltaron un tuit presidencial. Desde algunos rincones del Ejecutivo ven la defensa (de Procuración del Tesoro) como "poco eficiente". Indican que allí hubo cambios en la conducción, que alteraron cualquier rumbo.
El presidente Milei reaccionó en X. Cargó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que fue ministro de Economía durante la expropiación. Pero no se refirió al plano legal en si.
"No hubo una estrategia legal clara. Todo el tiempo fueron reaccionando sobre los hechos, sin una estrategia clara. Argentina deberá pagar u$s 16.000 millones por la expropiación de YPF. La sensación que daban es que buscaban un arreglo extrajudicial", cuenta un abogado especializado en conflictos legales entre países y empresas, que prefiere no identificarse. Es un profesional muy reputado, de diálogo frecuente con varios ministros.
Aunque todo puede cambiar en las próximas horas, la primera opción que barajan los defensores del Estado argentino es solicitar un "stay", que es una suerte de freno para paralizar la ejecución de la sentencia. En caso que no lo otorguen y Argentina pase 45 días sin cumplir el fallo, se le podrían aplicar sanciones por desacato.
En los estudios legales exploran si se puede apelar ante un Circuito de Apelaciones, pero varios especialistas sostienen que esa posibilidad -a la que Argentina recurrió en el pasado en este mismo pleito- ya expiró.
También sería lejana, según las primeras evaluaciones, la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En ocasiones anteriores, desestimó planteos de Argentina en este caso, o confirmó lo actuado por el juzgado de Preska.
"No hay ningún inevitable entre la ley argentina y la petición de los demandantes. La República (Argentina) tiene varias opciones que puede seguir legalmente. 1) Recibir el permiso del Congreso nacional con el voto de dos tercios de sus integrantes (para realizar el traspaso), 2) tomar una acción para cambiar la ley o 3) satisfacer al juzgado a través de un acuerdo con los demandantes", expresa Prieska en su fallo.
Esta tercera opción parece la considerada como "menos mala" por el Gobierno. No ven que haya músculo legislativo para los cambios legales que requeriría el cumplimiento del fallo.
