Vicentin: el Gobierno apuesta al 'plan ahogo'

El Gobierno decidió que dejaría de lado la idea de tener que ver con el futuro de Vicentin. O al menos eso fue lo que intentó hacer ver.

Luego de la mala experiencia que tuvo con la Justicia respecto de este tema, ahora la batalla irá por otro lado. El escenario ya no tendrá como eje central a los Tribunales, sino que la estrategia es la del "ahogo y decantación".

La primera parte tiene que ver -según afirmaron fuentes oficiales a El Cronista- con complicarle la vida a la empresa en diferentes frentes. Y la segunda, con que una vez que su situación ya sea inmanejable, no le quede otra opción más que aceptar alguna salida que podría llegar del Gobierno.

En caso de que ese ahogo funcione, a Vicentin se le podría complicar incluso salir airoso del concurso que afronta hoy, mientras aspira al ingreso de algún socio.

La semana pasada, por ejemplo, la AFIP denunció a la empresa y sus directivos por la utilización de facturas apócrifas para poder acceder al cobro de reintegros de IVA por exportaciones por $ 111,6 millones.

Según las fuentes, esta no sería la única acusación que llegará a sus oficinas. "Hay varias aristas por las que se puede avanzar. Se trata de una causa muy grande, pero la idea es ir yendo de a poco", confiaron.

Los conflictos sindicales también forman parte de este combo. Y no porque los fomente o los vaya a fomentar, pero sí porque, de alguna forma, los puede acompañar. Esto es lo que ocurrió con el caso de Algodonera Avellaneda, que forma parte de Vicentin.

Ni bien estalló el conflicto por el intento estatizador de la empresa, el Sindicato de Aceiteros y Desmotadores comenzó a sumar adhesiones de los trabajadores de Algodonera Avellaneda, que hoy están afiliados a la Asociación Obrera Textil (AOT), y el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia).

Apenas se conoció, el gremio de aceiteros fue uno de los que apoyó la iniciativa estatizadora del Gobierno. Y por esto muchos apuntan ahora a que esta movimiento también tiene que ver con el plan de desgaste.

De hecho, cuando la empresa intentó solucionar el tema en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe -provincia gobernada por Omar Perotti, muy cercano al Gobierno e ideólogo de la intervención de Vicentin-, la cartera se desligó y dijo que era un tema que debía ser tratado por su par a nivel nacional.

El Gobierno también se ocupó de sumar afinidad con los acreedores. Sabe que desde allí también se le pueden generar complicaciones a la compañía, ya que son las que tiene derechos para exigir ante la Justicia, y que pueden resultar un gran aliado.

Entre ellos se encuentran bancos internacionales de primer nivel, aunque también aparecen el Banco Nación y la cooperativa de productores ACA, que no solo aplaudió en su momento la iniciativa de intervenir y estatizar la firma, sino que además apareció como uno de los posibles nuevos accionistas de lo que hubiera sido la "nueva Vicentin".

La deuda de la agroexportadora asciende a los u$s 1.400 millones.

Desde este sector podrían surgir novedades. La semana pasada, estos acreedores solicitaron formalmente al juez que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini, que autorice como "medida de carácter urgente" una auditoría forense sobre las cuentas. La figura que persiguen es la de fraude y desviación de fondos.

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