El Estado acumula una deuda con empresas energéticas que asciende a u$s 2000 millones. Surge del gas y la electricidad que entregaron las compañías, pero que el Tesoro nunca pagó.
La situación tiene tres implicancias: en lo inmediato, amenaza la vuelta del superávit fiscal, dado que no se hubiera cumplido si el Gobierno hacía frente a estos pagos. También, tensiona al mercado, debido a que las compañías tienen obligaciones que pagar tanto en Argentina como en el exterior. Y hacia el mediano plazo, pone en riesgo el funcionamiento del sistema energético porque la actual situación frena las inversiones y la cadena de pagos.
La problemática está lejos de solucionarse: la gestión se fue de la órbita de la Secretaría de Energía y pasó directamente a un funcionario del Ministerio de Economía. La lleva Diego Aduriz, jefe de asesores del ministro Luis Caputo, y persona de su máxima confianza. Empresas aseguran que el Gobierno desconocerá parte de la deuda, o la hará frente con un bono a largo plazo.
Deuda millonaria
La deuda que tiene el Estado por más de u$s 2000 millones es con las compañías encargadas de generar la electricidad, que luego consumen las familias y el sector productivo.
Técnicamente, quien le debe a las empresas es Cammesa, que es la compañía de mayoría estatal que le compra la energía a las generadoras y luego se la entrega a las distribuidoras. Como dos tercios de los usuarios no pagan por la totalidad de lo que cuesta la energía, debido a la segmentación tarifaria, la diferencia la cubría el Tesoro, que le transfería los fondos a Cammesa para que se diera vuelta y le pague a las generadoras.
Esto es justamente lo que está ocurriendo. De hecho, consultoras como Vectorial aseguran que para llegar al superávit financiero, además de la licuadora y la motosierra, el Gobierno utiliza un tercer electrodoméstico: el "freezer", esto es, dejar partidas impagas, como las energéticas.
El dato sobre las deudas que tiene Cammesa con las empresas no es público, sino que fue proporcionado por tres fuentes del sector privado que se reúnen por estas horas con el Gobierno, para intentar llegar a una solución.
Para llegar a esos u$s 2000 millones se suman los impagos de Cammesa por energía entregada desde diciembre y hasta marzo. Además, ahí se suma otra deuda que está generando el Estado, pero con las petroleras, donde no está pagando el Plan Gas. En la estimación se incluye también el monto de deuda que se va a ir generando hasta junio, que es cuando prevén que pueda comenzar a regularizarse el flujo.
Preocupación en el mercado
Públicamente, dos empresas expusieron el dato, ante un pedido que le realizó la Comisión Nacional de Valores (CNV). La compañía Pampa Energía dijo que le deben $133.191 millones, mientras que la estadounidense AES manifestó que le deben $37.483 millones.
Entre las empresas adeudadas se encuentran las principales energéticas del país: Central Puerto, Pampa Energía, AES, YPF, Albanesi, ENEL y Genneia. La mayoría tiene compromisos con el mercado local e internacional, al emitir obligaciones negociables o tener créditos con proveedores del exterior.
Por lo que la noticia sobre los impagos trascendió el sistema energético y hoy es tema en el mercado. La financiera Adcap realizó un informe del tema: "La interrupción de pagos para contribuir con el superávit fiscal está generando tensiones en el sector y preocupación entre los tenedores de bonos corporativos internacionales", dice el trabajo, realizado por María Moyano Hidalgo, experta en deuda corporativa. Sin embargo, agrega: "Nuestra visión es que ninguna empresa sufriría restricciones de liquidez debido al bajo nivel de endeudamiento de la empresa".
Posibles soluciones
"Se especula que una posible emisión de BOPREAL pueda utilizarse para liquidar el monto de pago pendiente que suma $2 mil millones, incluyendo noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo", anticiparon en Adcap.
En el sector privado dividen la solución entre el stock y el flujo. El flujo podría regularizarse a mediados de año, luego de la corrección en las tarifas. Sin embargo, el "agujero" podría incrementarse si Caputo mantiene los subsidios en los segmentos N2 y N3, que son casi el 80% del consumo residencial, y que pagan menos del 10% del costo de generación.
Pero el temor más grande es por el stock de deuda. Aseguran que funcionarios de Economía deslizaron que no pagarán una parte. En cambio, emitirán un bono a largo plazo, lo que implicará una "quita implícita".
La crítica de las empresas es que con esta actitud, el Gobierno "rompe los contratos", no respeta la seguridad jurídica y provocará un freno de las inversiones.
Un experto en finanzas públicas explicó que la emisión de un bono puede situarse en las cuentas públicas "por debajo de la línea", para no impactar en los números del superávit fiscal, celebrado por el presidente Javier Milei en cadena nacional.
Durante el primer trimestre de 2024, el Estado tuvo un superávit financiero por $670.848 millones. De haber pagado a las generadoras, hubiera tenido déficit.
