Enfoque

Una avanzada que se terminó de cristalizar el 1° de marzo

En la apertura de sesiones, el Presidente mostró un discurso mucho más duro que el habitual, y apuntó contra la Justicia, la oposición y las empresas, representadas por las prestadoras de servicios públicos.

Los empresarios comenzaron a vivir lo que, entendieron, podría ocurrir luego del 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del Congreso.

Hace dos semanas, el mandatario mostró un discurso mucho más duro que el habitual, y apuntó contra la Justicia, la oposición y las empresas, en ese caso representadas por las prestadoras de servicios públicos. Habló del "martirio" de tener que elegir "entre comer o pagar la luz y el gas".

"Nos llamó mucho la atención porque no coincidía demasiado con todo lo que veníamos escuchando de su parte. Pero ahí entendimos que algo había cambiado y que deberíamos estar muy atentos", sostuvo a El Cronista uno de los referentes más importantes del mundo empresario.

Por ese entonces la relación entre el Gobierno y el sector empresario ya no tenía la misma sintonía que en el comienzo de la gestión de Fernández. El sorpresivo intento por intervenir Vicentin, la continuidad de políticas como Precios Máximos, los repetidos cruces con el agro, el retaceo de importaciones y la acusación a las alimenticias de ser las culpables de generar inflación y desabastecimiento, habían ensombrecido el clima.

Pero ayer el Gobierno volvió a sorprender a los empresarios. Lanzó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), mediante el cual las compañías deberán informar su situación de stock, producción y ventas, con el objetivo de seguir de cerca sus números, un nuevo intento por controlar la inflación.

"Vemos que el nivel de intervención es cada vez más importante y realmente preocupa. Ya venimos de varias, pero esta medida no hace más que incrementar el cansancio del sector. Es una acumulación de 'cositas' que se van dando", sostuvo un empresario, en relación a lo que el empresariado entiende como "medidas electoralistas".

Hasta ahora, este tipo de situaciones se daban solo en el segmento de la alimentación, el que mayores desencuentros tuvo hasta ahora con el Gobierno. Pero ahora también quedarán comprendidos varios sectores que deberán hacer su debut en esto de ser fiscalizados.

Todo esto hace que también pierdan sentido las mesas de negociaciones intersectoriales que se habían puesto en marcha, de las que se llevaron a cabo solo algunas pocas. Su objetivo era claro y hasta habían sido bien recibidas por todos los ámbitos, pero luego se tomaron determinaciones, como la de ayer, sin previo aviso ni consulta. Varios sectores jamás fueron citados a esos encuentros, y algunos solo participaron de uno o dos encuentros.

Los efectos de esta avanzada oficial podrían no ser los esperados. Entre las alimenticias no son pocas las que hablan de eliminar de su listado de aporte al programa Precios Cuidados -al que no están obligadas a sumarse- algunos productos, sobre todo teniendo en cuenta que Precios Máximos continuará presente durante buena parte de 2021.

Al listado de preocupaciones se suman otros temas. Uno es la suba del mínimo no imponible que se impulsa desde el Gobierno, una medida que le quitará fondos a las arcas oficiales en primera instancia, pero que luego se recuperará con mayor carga para las empresas.

Entre los puntos de la discordia también aparece, incluso, la designación de Martín Soria como Ministro de Justicia. Entre los empresarios esto se lee como un avance contra la Justicia, y como un intento de la vicepresidenta Cristina Fernández de "lograr su indulto" y llevar adelante "un acto de revanchismo".


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