Un informe de Iaraf indica que el aporte del Estado en el sector energético creció 114% en un año

El Estado nacional erogó en junio $ 63.516 millones en subsidios económicos, de los cuales $ 48.685 millones pertenecen a subsidios a la energía y $ 14.736 millones corresponden a los subsidios al transporte. En el sexto mes del año, las subvenciones económicas experimentaron un crecimiento del 89% con respecto a igual período de 2019, y en el caso del alivio a las tarifas de luz, ese alza escala al 114%, de acuerdo a un monitoreo del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf).

De acuerdo a la información recolectada por la entidad, la variación real de los subsidios económicos fue del 32,5%, pero en el caso del consumo energético, se incrementó un 50% y sólo en el primer semestre superaron los $ 210.401 millones.

En el acumulado de los primeros seis meses de 2020, Iaraf destacó "una variación del orden del 120% respecto al mismo período de 2019" que, en términos reales, estima el crecimiento de las subvenciones al bolsillo en el orden del 50%.

Iaraf consideró que los subsidios a la energía registraron una tasa de crecimiento muy por encima de la de los subsidios al transporte, que incluso es registraron una leve caída en términos reales (lo cual ya había ocurrido en enero). En junio, a pesar de que en este último mes las variaciones son altas, se observan tasas de crecimiento que son casi la mitad de las observadas en los meses de abril y mayo.

El instituto pronóstico que 2020 -considerando una inflación del 40%- podría concluir con subsidios económicos escalando a valores cercanos al 2,7% del PBI, superando así a lo observado en 2017, 2018 y 2019, cuando la gestión del expresidente Mauricio Macri efectuó revisiones permanentes para arriba de las tarifas de manera de reducir la presión sobre las arcas estatales. Esto dejaría la subvención de tarifas a solo 0,9 punto porcentual del PIB de la masa dineraria volcada en 2016 para financiar al sector energético.

Iaraf advirtió que, en el contexto de la pandemia y el impacto que esta produjo sustancialmente en la actividad económica y la recaudación estatal, el Gobierno tendrá que enfrentar una mayor presión para reducir el gasto, en un escenario también signado por haber logrado un acuerdo por la deuda.