El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la joya de la Ley Bases por la que el gobierno de Javier Milei dio pelea en el Congreso, para atraer capital extranjero por, al menos, u$s 50.000 millones cumple su primer año con resultados que no alcanzan las expectativas.
Si bien en los últimos meses se han confirmado inversiones y el Gobierno asegura que existen mas de 6 proyectos en estudio, según un informe de Fundación Encuentro, en el primer año de vigencia se aprobaron proyectos por un valor de u$s 8573 millones, lo que representa solo el 17,1% de la meta oficial que hizo publica el titular de Economía.
"Los anuncios ya exceden los 50.000 millones de dólares" dijo Luis Caputo el 20 de septiembre de 2024 en un evento de la Bolsa de Comercio de Rosario, según publicó la agencia EFE.
"Ninguno de los proyectos ha entrado en operación, por lo que no hay todavía nuevos flujos de exportación derivados del RIGI ni efectos visibles en la actividad industrial", destaca el documento.
En sintonía, agrega que en 2025 el flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) de Argentina siguió siendo débil o negativo, al descontar u$s 1679 millones en la primera parte del año; de continuar esta tendencia reflejaría el peor registro en décadas.
Además, el estudio indica que de los siete proyectos aprobados, solo uno fue concebido después de su sanción, lo que evidencia que el régimen ha beneficiado principalmente a empresas con planes ya en marcha, sin generar el "aluvión" de nuevas inversiones prometido por el Gobierno.
Por eso, según el relevamiento, en términos netos, el Gobierno logró atraer un único proyecto nuevo, lo que se traduce en una inversión de apenas el 0,5% de lo prometido.
RIGI, primer año
Un año atrás, se debatía el amplio abanico de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por 30 años, en ocho sectores estratégicos como minería, energía e hidrocarburos.
A pesar de ser presentado como una herramienta clave para impulsar exportaciones y generar empleo, el régimen fue duramente criticado por diversos sectores sociales y políticos.
Se le acusó de promover la "reprimarización" de la economía y de no establecer exigencias claras en cuanto a empleo local, encadenamientos productivos o transferencia tecnológica.
Sin embargo, los proyectos aprobados se concentran en solo cuatro de los ocho sectores estratégicos definidos, con un claro sesgo hacia la actividad primaria-extractivo como el petróleo, el gas y la minería.
El análisis también muestra que la petrolera de bandera nacional, YPF, es impulsora en tres de los siete proyectos, principalmente vinculados a la explotación de Vaca Muerta.
Desde el punto de vista fiscal, el RIGI ha comprometido importantes ingresos futuros del Estado a través de exenciones impositivas, sin que se haya demostrado una "adicionalidad" real de los proyectos. En la práctica, el informe interpreta que muchas de estas inversiones se habrían concretado de todas formas, por lo que "el régimen actúa más como un subsidio a grandes corporaciones que como un verdadero motor de crecimiento".
A modo de conclusión, el análisis señala que "en Argentina no faltan proyectos ni potencial productivo: faltan políticas orientadas a las mayorías y al desarrollo".
"Para que instrumentos como el RIGI cumplan sus objetivos, deben aplicarse con transparencia, reglas claras, exigencias de valor agregado, generación de empleo y encadenamientos productivos", agregó.
