El Gobierno nacional decidió trasladar las escuadrillas de vigilancia marítima y la Escuela de Aviación Naval desde Punta Indio hacia la Base Aeronaval comandante Espora, en Bahía Blanca. La decisión causó suspicacias al interior de la Armada sobre una posible reducción de las atribuciones de la Aviación Naval Militar y tomó por sorpresa a un pueblo que vive en torno a la base.
El 20 de agosto, la Armada anunció la puesta en marcha del Plan Dédalo, que contempla el traslado a Bahía Blanca de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y de la Escuela de Aviación Naval a partir de enero de 2027.
La medida encendió las alarmas dentro de la Armada, donde advirtieron que la reestructuración busca esconder el “fin de la Aviación Naval” y reducir capacidades estratégicas de la fuerza.
Al mismo tiempo, el posible cierre golpea de lleno a la principal fuente de empleo del municipio bonaerense.
La decisión también contempla la desactivación de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina y la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque.
Según explicó el intendente de Punta Indio, David Angueira, además se anunció el final de la escuadrilla Étendard, una medida que afectaría aproximadamente a otros 100 trabajadores.
La preocupación dentro de la Armada no está vinculada únicamente al cierre de la base, sino también a la pérdida de capacidades que provocaría el desmantelamiento de las escuadrillas.
Fuentes de la fuerza cuestionaron que las autoridades navales no se pronuncien públicamente contra la decisión y dejen la resistencia en manos del municipio, los sindicatos y el personal afectado.
“La Armada obviamente no quiere que se cierre, pero como no son capaces de abrir la boca mandan al gremio y al intendente a hablar”, aseguró una voz interna de la fuerza.
Alarma por el “fin de la Aviación Naval”
El almirante retirado Jorge Enrico difundió una carta dirigida a los aviadores navales en la que calificó las medidas como un daño “de carácter catastrófico” para la Armada y reclamó que sean suspendidas.
Enrico explicó que hace poco más de un mes se reunió con cuatro excomandantes de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina para analizar alternativas que permitieran evitar su pasaje a reserva.
Según detalló, la preocupación estaba centrada en que la medida implicaría “la desaparición de una capacidad estratégica medular de la Armada”: la guerra antisubmarina. Según indicó, esa función sólo podría ser reemplazada parcialmente por los P-3 y los B-200, una vez que los medios estuvieran disponibles y sus tripulaciones adiestradas.

Además, el almirante retirado remarcó que entre los veteranos existen exintegrantes de las tripulaciones que acumularon experiencia durante la guerra de Malvinas y previamente en el conflicto por el Beagle.
Por eso, Enrico calificó las gestiones realizadas como “un esfuerzo desesperado” para evitar las consecuencias de la decisión.
Enrico aseguró que el 27 de junio se comunicó con el comandante de la Aviación Naval, quien le confirmó que la medida ya estaba tomada y que no tenía marcha atrás. Posteriormente intentó conseguir una audiencia con el JEMGA, pero no recibió una respuesta positiva.
Finalmente, el 30 de julio recibió una nota en la que se rechazó su pedido de demorar el pasaje a reserva de la escuadrilla, aunque tampoco se le concedió la audiencia solicitada. El grupo presentó una nueva respuesta el 19 de agosto ante la Secretaría del JEMGA.
“Considero el pase a reserva anunciado de una gravedad institucional sin precedentes”, advirtió Enrico. A esa decisión sumó la desactivación de las escuadrillas Antisubmarina y Segunda de Ataque, el cierre de la Base Aeronaval Punta Indio y el traslado de la Escuela de Aviación Naval a Espora.
“El daño que causará a la Armada es de carácter catastrófico, especialmente porque su reconstrucción llevará mucho tiempo, si es que alguna vez se recupera”, sostuvo.
Frente a la falta de respuestas, el almirante retirado afirmó que resultaba necesario “sonar una alarma” y pidió la cooperación de los aviadores para defender la Aviación Naval.
El golpe sobre Punta Indio
El traslado también generó preocupación en el municipio de Punta Indio, donde la base constituye la principal fuente de trabajo. Actualmente cuenta con 185 empleados civiles y 300 militares, gran parte de los cuales serían enviados a otros destinos.
Después de reunirse con el contraalmirante Enrique Olivero y con el jefe de la base, Mariano Rivolta, el intendente David Angueira confirmó que el Estado nacional había decidido mudar la escuadrilla de vigilancia marítima y la Escuela de Aviación Naval a la Base Comandante Espora.
“Esto significa un golpe muy fuerte para nuestra comunidad, desde lo social a lo económico”, sostuvo el jefe comunal a través de un video.
Ante la “inminente reestructuración y posible cierre” de la base, el municipio propuso conformar una mesa de trabajo para defender su continuidad, integrada por trabajadores civiles y militares, autoridades municipales y provinciales, sindicatos, instituciones intermedias y organizaciones de la comunidad.
“Hablamos de puestos de trabajo, familias y de nuestra economía local, y de una institución que forma parte de la idiosincrasia y de la historia de nuestro partido”, remarcó Angueira, quien también reclamó una audiencia inmediata con el ministro de Defensa, Carlos Presti.
El Gobierno bonaerense acompañó el planteo del municipio y manifestó su rechazo a la reducción de las actividades. Mediante un comunicado, la Provincia advirtió que el traslado representa “un golpe de magnitud para la economía y la historia de la comunidad local”.
La administración de Axel Kicilllof también respaldó la conformación de la Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio y reclamó que Presti responda a los pedidos de audiencia enviados por el intendente.




