En tiempos de ajuste fiscal y de motosierra propuesta por Javier Milei, la creatividad tributaria de los municipios bonaerenses sale a la luz para sostener sus finanzas.

Frente a la caída de transferencias desde la Nación, de menor recaudación por la caída de las ventas de los comercios y de mayores demandas de servicios locales, los intendentes han sumado al menú tradicional de tasas una serie de tributos que muchas veces pasan desapercibidos para el conjunto de los vecinos.

Algunos de estos gravámenes están orientados a cubrir gastos específicos, como el mantenimiento de calles, el uso de espacios públicos o la gestión ambiental. Otros, en cambio, apuntan a actividades particulares o a sectores económicos puntuales, y su implementación ha generado cuestionamientos tanto de empresas como de funcionarios nacionales.

En Almirante Brown, sur del conurbano bonaerense, por ejemplo, se cobra una tasa por "comercialización de envases no retornables". Esa norma fue tratada en 2024 junto a otra que ha sabido despertar polémica entre varios municipios y la Nación, como ha sido el caso de la llamada "tasa vial" que se cobra al momento de cargar nafta. Sobre ese punto ha cargado con especial vehemencia el ministro Luis "Toto" Caputo.

El motivo enunciado fue la recaudación de fondos para suplantar aquellos que fueron cortados por el gobierno de Javier Milei y así poder realizar obras de mantenimiento de calles y saneamiento ambiental. Esa tasa se cobra a comerciantes minoristas y mayoristas del distrito.

Otro caso es el de Avellaneda, también al sur del Área Metropolitana, lugar en el que se impuso un tributo a los cajeros automáticos. Más allá de los pagos por habilitaciones, tasas por servicios generales y la mencionada tasa por Seguridad e Higiene, en el municipio que conduce Jorge Ferraresi se paga por cada equipo que sirva para depósitos de dinero y/o valores, extracciones de dinero, pagos de Servicios y obtención de saldos de Cuentas Bancarias.

La tasa aplica para instituciones bancarias o locales, establecimientos comerciales, industriales u oficinas habilitadas.

Muy cerca de allí, en Berazategui, se fijaron permisos de usas para la explotación de juegos y aparatos electrónicos o electromecánicos. En la ordenanza fiscal del distrito que conduce el histórico Juan José Mussi, se discrimina entre "aparatos de recreación" y "máquinas de juegos de azar". En ese sentido, la ordenanza se aplica primordialmente sobre la actividad de los dos bingos que funcionan en el distrito.

Si bien no se trata de juegos de Azar, en Chacabuco existe un Derecho a la circulación de Rifas y Bonos. Según la ordenanza del distrito que conduce el intendente Darío Golia, las entidades con domicilio en el distrito deben pagar el 3,5 del valor y asciende a 6 cuando son de otra jurisdicción.

Algunos intendentes incluyen en sus ordenanzas fiscales el ítem "Tasas por servicios varios" donde pueden entrar cánones tan variados como el uso de maquinaria municipal o impuestos indirectos a las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia que usan la terminal local.

En el caso de Bolivar, no sólo se incluyen los pagos por la ocupación de locales en la Terminal, sino que además se aclara que la tasa por Servicios Varios incluye "todos aquellos servicios que se presten y que no puedan ser comprendidos" por tasas dispuestas en los otros capítulos de la ordenanza.

En Tres Arroyos, en cambio, se cobra por el trabajo que realicen las máquinas viales y, además, se incrementan en 70% cuando las se realicen trabajos en zonas de playa.

Existen, además, varios distritos que cobran tasas a terrenos baldíos, entre ellos, Avellaneda. Bahía Blanca, por caso, calcula especialmente las tasas municipales con recargo sobre ese tipo de propiedades y pagan más aquellos superiores a los 2.000 metros cuadrados de superficie.
Sin embargo, se destaca el caso de Monte que tiene una ordenanza vigente desde 1950. Según el digesto municipal se encuentra vigente y sufrió pocas modificaciones, la más reciente en 2022 cuando se creó un programa para el "uso social" de ese tipo de terrenos, en el que se invitaría a los propietarios a cederlos para uso comunitario y, en ese caso, se exime el pago de la tasa diseñada para cobrar por el no uso de la parcela.