Tarifas: una clave del acuerdo con el FMI, entre la segmentación y un tope de 9% a los aumentos

Los aumentos de las tarifas no están definidos ni avalados al más alto nivel político. Fuentes oficiales hablan de dividir por la distribución del ingreso por personas y hogares, pero en el cristinismo lo matizan

A poco menos de tres meses de entrar en la recta final para obtener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tendrá en los subsidios uno de los capítulos centrales, el Gobierno no logró cohesión interna para implementar aumentos de tarifas y minimizar el impacto sobre los sectores más vulnerables, al mismo tiempo de lograr margen para reducir el déficit fiscal.

El plan que trazó el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al secretario de Energía, Darío Martínez, y que es una de las bases del Presupuesto 2021, corre el riesgo de no salir nunca a la luz, ni siquiera en marzo o abril, para cuando ya los aumentos deberían estar implementados.

Fue el mismo que contó esta semana el presidente, Alberto Fernández, en una entrevista en Radio Con Vos: alzas segmentadas en energía eléctrica y gas natural.

Según este programa, el segmento con mayores ingresos de la población (entre un 15% y un 20%) pagaría el costo pleno de la energía; la clase media, que engloba al 45% de los usuarios, vería subas en línea con los salarios "más un punto para que las empresas inviertan"; mientras que el restante 40%, cifra similar al porcentaje de pobreza, seguiría con las tarifas congeladas o afrontaría aumentos menores.

Pero otras fuentes con llegada al Gobierno y que se referencian en la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, aseguran que "no existe la idea de segmentar".

La ex presidenta anticipó hace un mes que en este año se necesitará "alinear los salarios y las jubilaciones" con los precios, "sobre todo de los alimentos y las tarifas" para conseguir un fuerte crecimiento económico y que no se lo queden "3 o 4 vivos".

Por eso, desde entonces se instaló la idea de un tope de 9% (que no llegue a los dos dígitos) a las subas de las tarifas, que para el caso de las distribuidoras representaría entre 20% y 25% de incremento en lo que perciben.

En off the record, un funcionario aseguró: "Se está trabajando en unificar las bases de datos y en reconocer las potencialidades que hay para categorizar a los usuarios".

"Se los linkeará por DNI y se definirán criterios y rangos para identificarlos, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la distribución del ingreso en deciles por persona y por hogar, y otros indicadores patrimoniales y de ingresos", adelantó.

Consultadas las empresas, aseguran no contar con certezas ni un rumbo claro. Asimismo, afirmaron que el Gobierno no les pidió datos de los usuarios y creen que será difícil usar las bases estatales que se fortificaron con la pandemia.

De acuerdo a lo que publicó el portal EconoJournal, la Asociación de Distribuidoras de Gas (ADIGAS) se reunió este lunes con el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, para avanzar en un nuevo esquema. Ninguna de las fuentes consultadas contestaron sobre el tema.

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