

El Gobierno decidió acelerar la reducción de los subsidios a la energía mediante el aumento de las tarifas, pero alteró el orden previsto: primero llegará la suba de la luz, a partir de febrero, mientras que la del gas natural por redes se postergó hasta marzo.
En efecto, el Ministerio de Economía avanzará con un incremento cercano al 140% en el precio estacional de la energía eléctrica del trimestre febrero-abril que se traslada a las tarifas, para compensar en la cuenta fiscal de subsidios el impacto de la devaluación de diciembre.
Cuanto menos, se sentirá a partir de los consumos eléctricos del segundo mes del año en los hogares de Nivel 1 de la segmentación (ingresos y/o patrimonios "altos", y aquellos que no pidieron o renunciaron a los subsidios), así como las grandes industrias y comercios, que verán incrementos en torno al 70-75% final.

Además, se espera en febrero la actualización de los ingresos de las transportistas de energía en todo el país y las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, que verían un alza de aproximadamente 220%. Eso se aplicaría a todos los usuarios de la red.
¿Por qué aumentan las tarifas de luz y cuánto es el atraso?
Según un documento interno que maneja la Secretaría de Energía, todavía no estaba definido hasta el mediodía de este miércoles qué hacer con los usuarios residenciales de los segmentos Nivel 2 y Nivel 3 (ingresos bajos y medios, respectivamente), que abonan menos de un 10% del costo pleno.
Como la generación está mayormente en dólares (por el costo del combustible y algunos contratos), el salto de la divisa implicó que incluso los hogares que ya no tenían subsidios hasta mediados de diciembre, nuevamente estén pagando menos de la mitad del costo real de la electricidad.
Los hogares que hasta noviembre pagaban el costo pleno de la energía, nuevamente tras la devaluación quedaron abonando menos de la mitad; mientras tanto, los usuarios más vulnerables consumen el 57% del total y apenas cubren con sus tarifas el 7% del costo, según Julián Rojo
La situación es más crítica en los segmentos N2 y N3. El especialista técnico Julián Rojo, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet marcó: "Vamos a un problema de magnitudes en tarifas no solo por el atraso que tienen, sino también porque el 57% del consumo residencial lo hacen los hogares que cumplen el criterio de 'población vulnerable'; es la demanda de los N2, que pagan apenas el 7% del costo de la energía, como por ejemplo los jubilados". El ajuste fiscal no solo les llegará a este sector por una contracción real de sus ingresos, sino también por laos fuertes aumentos de gastos en el hogar.

En ausencia de aumento de tarifas, a mayor devaluación el Estado tiene que cubrir proporcionalmente cada vez una porción superior del costo mediante subsidios, que en 2023 alcanzaron el equivalente en pesos a los 4800 millones de dólares solo para la energía eléctrica.
De acuerdo a los datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), en diciembre los usuarios se hicieron cargo de apenas el 44% del costo total del sistema, y el Estado un 56%. La demanda eléctrica total creció el año pasado un 2%, mientras que en los hogares trepó un 3,1% interanual.
Nuevo esquema de subsidios
Mientras tanto, Energía trabaja para emitir en las próximas horas una convocatoria para realizar una nueva audiencia pública en la que se analizará el nuevo esquema de subsidios con la creación de una Canasta Básica Energética, que determinará el volumen máximo subsidiable en términos de kilovatios-hora por mes (electricidad) y m3 (gas).
Según trascendió, el Gobierno también evalúa dejar que los hogares destinen cerca de un 10% de sus ingresos para la luz y el gas, y recién cubrir la diferencia si las facturas exceden ese tope. De esa manera, ningún usuario quedaría en "pobreza energética".
Por otro lado, pese a que estaba previsto que desde febrero ya se aplicaran los fuertes incrementos en el gas, que acumularían más de un 700% hasta abril, la decisión oficial fue postergarlos hasta marzo, para no sobrecargar la inflación de febrero y por el menor impacto fiscal del gas.
Como contó el portal EconoJournal, los directivos de la industria fueron advertidos de esta demora. El temor del Gobierno es que la recomposición de sus ingresos, además del precio del gas, derive nuevamente en obstáculos en la Justicia, con lo cual quieren sobreactuar la prolijidad del proceso.



