Stornelli quiere investigar a Cristina, De Vido y Alicia Kirchner por el “tren fantasma de Río Turbio

La expresidenta y los dos exfuncionarios fueron imputados hoy por supuesta malversación y fraude con los fondos públicos que iban a ir destinados a la construcción de ese medio de transporte, que nunca pasó del acto de presentación.

La ex presidenta Cristina Fernández fue imputada hoy por supuesta malversación y fraude con los fondos públicos que iban a ir destinados a la construcción de un tren turístico en la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
   
Fuentes judiciales informaron que el fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se investigue a la ex mandataria, así como a los otros dos imputados, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
   
El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue elevado al juzgado federal 9, del magistrado Luis Rodríguez.
   
El informe oficial 'El estado del Estado' que el Gobierno nacional presentó en junio último en la Casa Rosada sacó a relucir algunos datos de la llamada 'herencia' recibida del kirchnerismo.
   
Allí se detalló que en Río Turbio, localidad santacruceña que vive agitada desde hace dos décadas por situaciones de crisis en la explotación del yacimiento carbonífero local, se iba a construir un tren turístico que circulara por la ciudad y llegara hasta la mina de carbón.
   
Aunque en octubre de 2015 hubo una inauguración formal del emprendimiento, con la presentación de dos locomotoras a vapor y cuatro vagones restauradas a su estado original en 1951, el tren nunca avanzó más hacia la concreción del proyecto.    La denuncia original, hecha por el abogado Santiago Dupuy de Lome, consignó que 'se destinó la suma de 700 millones de pesos para un tren que nunca funcionó, tiene las vías desgastadas y no son aptas para ningún paso de formación ferroviaria'.
   
El denunciante había planteado que se debía investigar si la ex jefa de Estado, De Vido y Alicia Kirchner incurrieron en los delitos de 'malversación de caudales públicos', 'incumplimiento de los deberes de funcionario público', y 'defraudación por administración fraudulenta'.    Y recalcó que para el proyecto ferroviario ni siquiera 'se obtuvo el permiso de los dueños de las tierras' por donde iba a pasar la formación así como tampoco se consiguió 'el permiso de vialidad nacional' para el cruce sobre la ruta 3. 

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