Mientras la oposición en Diputados busca juntar el número para lograr la próxima semana voltear el DNU 70/2023 que permite la extranjerización de la tierra, volvió a reunirse el plenario de Comisiones que tiene a su cargo tratar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Este mismo espacio terminó la semana pasada envuelto en polémica por insultos cruzados entre Juan Grabois y el oficialismo. Qué se puede esperar.

Si bien en un primer momento el oficialismo no había habilitado oradores, este martes a las 15:30 horas hablaron los invitados de la oposición, incluido los excombatientes del CECIM La Plata.

Esto llega tras el escándalo que obligó a levantar la primera reunión la semana pasada. Asimismo, el oficialismo presentó un pedido para expulsar a Juan Grabois de la Cámara de Diputados por su comportamiento durante el encuentro.

Voces de la oposición descartaron que este martes ocurra una situación similar, ya que los invitados son más alineados con el peronismo y el radicalismo opositor. Sin embargo, recordaron que mañana acudirá al plenario María Irrazabal Murphy, la secretaria de Legal y Técnica y autora del proyecto.

“Esa situación va a ser más tensa”, reconocieron.

Asimismo, voces de la oposición criticaron al oficialismo por que el canciller Pablo Quirno no se presentará frente a la Cámara Baja para defender el proyecto.

La reunión de este martes fue encabezada por Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa; Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal; y Juliana Santillán, al frente de Relaciones Exteriores.

Críticas al proyecto: Malvinas, seguridad y concentración de poder

El primero en cuestionar la iniciativa fue Daniel Filmus, exministro de Ciencia y exsecretario de Malvinas, quien planteó que no existe urgencia para aprobar el proyecto y reclamó que la cuestión sea discutida como una política de Estado.

Según sostuvo, la iniciativa modifica el enfoque histórico sobre Malvinas al trasladarlo desde una cuestión de soberanía hacia una lógica de Defensa y Seguridad.

“No hay ninguna urgencia para aprobar esta ley”, afirmó, y advirtió que ese cambio podría terminar favoreciendo la posición del Reino Unido al sacar a Malvinas del ámbito de la descolonización.

Por su parte, Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, calificó de “insólito” el planteo del proyecto y cuestionó la política del Gobierno hacia el Reino Unido.

“No se puede decir defender la soberanía cuando hay un pacto de cooperación con los británicos”, sostuvo, en referencia al acuerdo Mondino-Lammy. También cuestionó que el Gobierno busque endurecer el discurso sobre Malvinas mientras, según afirmó, “la actual administración durante tres años no hizo nada por Malvinas”.

Por su parte, Jerónimo Guerrero Iraola, del CECIM La Plata, cuestionó que el proyecto incorpore criterios vinculados a la seguridad nacional y advirtió sobre una eventual ampliación de las facultades del Estado.

“Milei ya cuenta con las herramientas legales para avanzar contra el saqueo en el Atlántico Sur”, sostuvo, y planteó que no es necesario avanzar con una reforma que, según su interpretación, busca “el control social”.

Además, recordó que el CECIM mantiene una denuncia por más de 200 casos de torturas a excombatientes durante la guerra de Malvinas.

En la misma línea, Paula Litvachky, directora del CELS, apuntó contra los aspectos constitucionales de la iniciativa. Según sostuvo, el proyecto puede dar lugar a un “Estado antiterrorista” y generar una concentración de facultades en el Poder Ejecutivo. En ese sentido, advirtió que la propuesta puede afectar derechos vinculados con la libertad de expresión.

Desde el Observatorio Malvinas, Daniel Guzmán, exintegrante del Centro de Excombatientes de Ushuaia, centró su exposición en la política hacia Malvinas y recordó el acuerdo Foradori-Duncan. Planteó la necesidad de revisar las consecuencias de ese entendimiento y reclamó que la cuestión Malvinas se convierta en una política de Estado. En ese sentido, propuso la creación de una comisión bicameral permanente para abordar el tema.

Por último, el intendente de Punta Indio, David Angueira, defendió la importancia estratégica de la base ubicada en ese distrito y advirtió sobre el impacto que tendría su eventual traslado de funciones hacia Bahía Blanca.

“La soberanía es la capacidad concreta para controlar, proteger y defender sus recursos”, sostuvo, y remarcó que la ubicación de Punta Indio tiene un valor estratégico por su posición sobre el Río de la Plata.

También expuso Fernando Morales, representante de la Liga Naval Argentina, quien centró sus críticas en el capítulo marítimo del proyecto y planteó dudas sobre el alcance de varios de sus artículos.

Morales también señaló que el proyecto no define adecuadamente qué debe entenderse por “buque de interés” y sostuvo que se omitieron situaciones vinculadas con la carga transportada. “Si un barco transporta carga radioactiva es un buque de interés”, ejemplificó.

Por último, cuestionó las facultades previstas para actuar contra embarcaciones y planteó que en tiempos de paz existen otros mecanismos para sancionar infracciones. “No se trata de infligir el daño al buque sino tener documentada la infracción”, sostuvo.

El cruce de Grabois con el oficialismo

El antecedente inmediato del plenario es la reunión del miércoles pasado, que terminó levantada luego de una serie de cruces entre Grabois y diputados de La Libertad Avanza.

El primer episodio se produjo mientras exponía Myriam Bregman, cuando el libertario Jairo Guzmán interrumpió en reiteradas oportunidades a la diputada del Frente de Izquierda. Luego de dicho episodio, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, se levantó y fue hacia Guzmán, en un intercambio que terminó con forcejeos y la intervención de otros legisladores.

Después, el diputado tuvo otro enfrentamiento con el tucumano Gerardo Huesen, también de La Libertad Avanza. El cruce incluyó insultos y requirió nuevamente la intervención de otros diputados para separarlos.

La reunión continuó hasta que Grabois volvió a tomar la palabra y protagonizó un nuevo intercambio con la conducción del plenario. Luego de que Juliana Santillán lo interrumpiera, el diputado la llamó “tontita” y también cuestionó a Zapata, quien ordenó cortar su micrófono y finalmente levantó la reunión.

A raíz del episodio, además del pedido de expulsión, quedaron presentados otros proyectos para promover un procedimiento disciplinario contra Grabois y reclamar el respeto del decoro parlamentario.