Fuertes recortes reales en asignaciones familiares y subsidios y un freno en los pagos de obras públicas que ejecutan provincias y municipios explicaron el ajuste del gasto primario que efectuó el Ministerio de Economía entre enero y mayo, según se desprende de la información oficial.
Así y todo, el impacto de la sequía en los ingresos significó un aumento en el déficit primario en la comparación interanual, lo que hace que los economistas estimen que 2023 terminaría con un rojo similar o algo superior al del año pasado, en torno al 2,5% del PBI. En clave política, no queda mucho espacio en dónde ajustar y la negociación con el Fondo pesará en la distribución de los escasos recursos, justo en el inicio del semestre electoral.
En mayo, el gasto primario cayó 7,5% en términos reales, según informó la Secretaría de Hacienda que comanda Raúl Rigo. Pero los recursos aumentaron 10 puntos menos que la inflación anual, principalmente por la caída en los derechos de exportación asociados al agro. La recaudación por retenciones fue apenas 17% superior a la de mayo de 2022, incluso amortiguada por el dólar soja 3.
La magnitud del efecto de la sequía es tal que, según Ecolatina, el rojo fiscal acumulado entre enero y mayo es el más alto desde el de los primeros cinco meses de 2015, con excepción de la fuerte expansión del gasto que efectuó el gobierno de Alberto Fernández en 2020 para afrontar la pandemia.
No alcanza
En ese contexto, Ecolatina y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimaron que el déficit fiscal acumuló, en cinco meses, una cifra equivalente al 0,7% del PBI. Como referencia, entre enero y mayo de 2022, el rojo acumulado representaba el 0,56% del PBI. El ajuste fiscal para cumplir con la meta del 2,5% del año pasado (el Gobierno terminó sobrecumpliendo ese objetivo) comenzó en julio, con contracciones del gasto de dos dígitos anuales cada mes.
"Con esta dinámica, el rojo primario acumulado en lo que va del 2023 roza los $1,27 billones, lo que representa el 0,7% del PIB", dijo Bruno Bonfanti, analista de Ecolatina. "De esta manera, el Gobierno superó ya en mayo la meta acordada con el FMI para el primer semestre por $ 87.000 millones. Esto implica que sería necesario mostrar un superávit primario en junio para poder cumplir con lo pactado originalmente, algo sumamente complejo dada la estacionalidad del gasto y la caída esperada en los ingresos", agregó.
Recortes sensibles
Según los números de Iaraf, las principales partidas de gasto -con excepción de los salarios del sector público- muestran fuertes ajustes. En cinco meses, "se observaron caídas significativas interanuales reales en las asignaciones familiares (41,5%), en los subsidios al transporte (26,6%) y transferencias corrientes a provincias (25,4%)", indicó el instituto que dirige Nadín Argañaraz. Los subsidios energéticos, continuó, cayeron 21,3%. Según Analytica, el neto de subsidios a la energía y transporte -con aumento en las partidas para financiar al del interior- muestra una caída de 16% real.
Hacia adelante, el Gobierno tiene un doble problema. Por un lado, el ajuste del gasto no alcanza para cumplir con el programa acordado con el Fondo y, en la renegociación, el organismo pedirá mayores esfuerzos fiscales. Pero si quisiera expandir las erogaciones de cara a las elecciones, tiene un problema de financiamiento.
"Aun recalibrando la meta, el interrogante radicará en la disponibilidad de financiamiento para cubrir ese mayor bache", advirtió Ecolatina. "La fragilidad que expone el actual esquema de política económica y la incertidumbre financiera típica de los procesos electorales limitan los posibles desvíos expansivos en materia fiscal, al margen del acuerdo con el FMI", continuó. "La elevada dependencia del Tesoro del mercado de deuda en pesos obligará al Gobierno a reencauzar el sendero hacia la consolidación fiscal para mantener acotadas las necesidades de financiamiento", concluyó la consultora.
