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La reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas fue anunciada con bombos y platillos hace apenas unos meses: la vieja IOSFA se transformaría en OSFA, separando así la atención médica de las fuerzas federales de los militares. Sin embargo, este proceso probó ser más difícil de lo que se esperaba y tras dos meses en su cargo renunció el presidente del organismo.
Acorde al comunicado que se divulgó, “el General de Brigada (R) Sergio Maldonado ha presentado su renuncia por motivos personales a la presidencia del Directorio”. En consecuencia, desde la cartera que comanda Carlos Presti impulsarán “la designación de un oficial superior en actividad para la conducción”.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, asumió con dos problemas importantes en su haber: salarios bajísimos y una obra social endeudada por la gestión de Luis Petri. La deuda de la obra social pasó de 44 millones de pesos a más de 200 millones en la actualidad.
En este sentido, a raíz a la deuda con prestadores privados en todo el país, los mismos suspendieron la atención a los afiliados que en gran parte tienen que solventar sus gastos médicos de bolsillo, con salarios atrasados.
Según habían dicho fuentes oficiales a El Cronista, esta falencia se solucionaría con el pago de la deuda a la obra social y la creación de la nueva estructura, algo que ya habrían hecho las Fuerzas Armadas, pero no así las Fuerzas de Seguridad.
Fuentes cercanas a la Armada contaron a El Cronista que el detonante habría sido el suicidio de un suboficial retirado de 77 años tras haber padecido dificultades de atención de su obra social. El militar habría tenido un intento previo de quitarse la vida.
En IOSFA, no obstante, niegan esa versión. Afirman que Maldonado continuaba de la gestión de Betina Surballe, nombrada por Luis Petri entonces, como gerente general. Y recalcan que la idea siempre fue que lidere “la primerísima etapa de la creación de OSFA”, para lo cual era ya una “etapa cumplida”.
De esta manera, el general retirado Sergio Maldonado, que fue designado entonces como presidente del directorio, renunció a su cargo el día de hoy.
Defensa insiste que el objetivo de nombrar rápido a un sucesor se corresponde con “la necesidad de consolidar una obra social saneada, moderna y con una conducción alineada a la realidad y dinámica del personal en actividad, en esta nueva etapa del sistema de salud de la familia militar”.
Al momento de publicar este artículo, se desconocía el nombre del elegido para ocupar esa posición.
Cómo sigue el pago de la deuda
La nueva obra social de los militares, OSFA, fue creada el 19 de febrero de este mismo año. En ese momento comenzó la transición y la eliminación de la vieja estructura, con la intención de separar la atención militar de las fuerzas de seguridad.
En ese momento, fuentes calificadas confirmaron en diálogo con este medio que la deuda sería pagada seguramente por el Tesoro Nacional. De hecho, en el decreto se deja claro que será el Ejecutivo el que determinará la forma de solventar dicha deuda.
Sin embargo, a la fecha el Tesoro no ha depositado el dinero y Presti se encuentra con el problema de sostener una obra social quebrada.
Según información oficial del Ministerio de Defensa, el relevamiento integral realizado en el marco del Decreto 88/2026 permitió identificar “una deuda acumulada desde 2017″, originada en “diferencias en la liquidación de aportes y contribuciones de las cinco fuerzas que integran la obra social”.
Una realidad es que la obra social no tenía prestaciones suspendidas ni un número de deuda tan alto previo a que Petri asumiera sus funciones. Desde Defensa aseguraron que la actual administración, encabezada por Ariel Guzmán, avanzó en un esquema de regularización en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad y otras áreas del Estado.
De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, el aporte de Ejército, Armada y Fuerza Aérea ronda los $80.000 millones.
Sin embargo, el frente más complejo sigue abierto: cerca del 60% de la deuda total, estimada en torno a los $250.000 millones, correspondería a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, que aún no avanzaron en su cancelación.
La situación fue verificada por una comisión ad hoc integrada por representantes de las fuerzas, junto con Economía, Salud y la SIGEN, que determinó que las cinco instituciones debían hacerse cargo de los montos adeudados.
Mientras las Fuerzas Armadas comenzaron a cumplir con esa obligación, las fuerzas de seguridad federales permanecen rezagadas sin una explicación pública clara. En el entorno de Defensa admiten que se trata de un punto sensible. No solo por el impacto fiscal, sino por las consecuencias directas sobre los afiliados.
“El tema son los gendarmes y prefectos en el mientras tanto”, reconocieron fuentes al tanto de las negociaciones, en referencia a la incertidumbre sobre la cobertura y prestaciones mientras la deuda sigue sin regularizarse.
Otro punto que permanece opaco es el origen de los fondos utilizados para afrontar los pagos. Ante consultas sobre si las Fuerzas Armadas recurrieron a partidas presupuestarias específicas, reasignaciones internas o incluso a la liquidación de activos, desde el oficialismo señalaron que se trata de decisiones propias de cada fuerza y no hay un detalle consolidado disponible.
