En medio de semanas en las que el oficialismo envía señales para dar un impulso a la actividad interna, la Unión Industrial Argentina (UIA) retomó su agenda de reuniones con el Gobierno nacional. Las rondas comerciales para unir a las grandes inversiones con la producción local, en la mira.
Por la mañana del martes, los dirigentes industriales mantuvieron un encuentro con el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.
En el encuentro, se discutió sobre los principales reclamos del sector. Los participantes destacaron la “receptividad” del funcionario a la agenda industrial. Por parte de la entidad sectorial participaron el presidente de la UIA, Martín Rappallini, el vicepresidente de Desarrollo Industrial, David Uriburu; el vicepresidente sectorial, Rodrigo Pérez Graziano; el secretario, Eduardo Nougués, y la directora ejecutiva, María Laura Bermúdez.
La industria mantiene una serie de reclamos consistentes con la necesidad de mejorar la competitividad, sobre todo ante la competencia de productos importados, la presión tributaria, competencia desleal con dumping y contrabando, el escaso financiamiento, la falta de infraestructura, entre otros.
Sin embargo, un nuevo tema se sumó el reclamo de que se revierta la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que limitó las operatorias con e-cheq para las ALYC, algo que permitía a muchas Pymes operar con cheques sin pagar el impuesto a los débitos y créditos. En un contexto de aumento de la morosidad empresaria y de reclamo por alivio tributario, la medida fue ampliamente rechazada por el sector.
Otro de los temas que estaba en la mira del sector es la suspensión de los embargos, en particular por parte de ARCA. El reclamo se centraba en que, ante situaciones de atrasos, el ente recaudador activa rápidamente los embargos sobre las cuentas de las empresas, que quedan prácticamente inhabilitadas para operar.
Con esto, también pedían el diferimiento de vencimientos de IVA de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales, entre otros.
El tercer eje que estaba en la agenda industrial era el de impulsar un esquema de pagos de tarifas que permita a las compañías concretar los pagos de sus boletas en cuotas, similar a lo impulsado por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El aumento de los costos de las tarifas, en particular del gas durante el invierno y la escasez de la oferta por la mayor demanda doméstica hizo que muchos deban volcarse a conseguirlo por su cuenta y pagar precios muy superiores a los del mercado local.
Rondas de Negocios
Uno de los temas centrales fue las rondas de negocios RIGI que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, hace una semana, y que ya abrió las inscripciones para las empresas que deseen participar y busca conectar a proveedores locales con las 28 empresas con proyectos RIGI aprobados.
El lema será “Conectando proveedores nacionales con grandes inversores” e incluirá espacios de asistencia técnica del INTI para dar herramientas a las empresas que quieran sumarse a las cadenas de valor de los proyectos RIGI. Una vez que cierren las inscripciones, el 28 de septiembre, la organización va a “hacer coincidir” a los inscriptos como proveedores con los proyectos RIGI que se anotaron y las demandas que plasmaron.
Desde el Gobierno aseguran que el 86% de lo invertido por los proyectos RIGI se destinó a empresas nacionales y que hay más de 1200 proveedores que participan de estas cadenas.
El primer encuentro está pensado para el 29 de octubre. Sin embargo, la expectativa de las empresas locales podría forzar una extensión. Las cámaras locales ya trabajaban en sus propios planes de conexión con los proyectos RIGI. Solo en la provincia de Santa Fe, la mesa de petróleo y gas tiene al menos 500 empresas. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) que representa el 48% del PBI industrial, tenía su propio plan de “matcheo” con los grandes proyectos.
