En medio de la polémica desatada por la cautelar que frenó el capítulo dedicado a la reforma laboral dentro del DNU impulsado por el gobierno de Javier Milei para desregular la economía, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, brindó declaraciones radiales donde desestimó la decisión de la Cámara laboral y anunció las acciones legales para revertirla.

En diálogo con Diego Iglesias, en Radio Con Vos, Barra afirmó categóricamente que "la cámara laboral actuó fuera de su jurisdicción", considerando la decisión como nula y asegurando que "en unos días estará corregida".

"Esto nos paraliza unos pocos días pero no creo que el daño sea importante", aseguró.

Explicó que la apelación se llevará a cabo ante la Corte y que, de manera simultánea, presentarán un recurso extraordinario en la misma Cámara como paso previo.

"Una vez que tenga jurisdicción la Cámara Contencioso Administrativa, luego pediremos que se revoque la medida", añadió Barra, destacando su confianza en que esta instancia logre modificar la situación actual.

El procurador del Tesoro defendió la importancia de las modificaciones laborales, asegurando que estas buscan fomentar el pleno empleo y atraer inversiones empresariales, generando así una mayor oferta de trabajo. Considera que estas medidas, junto con otras desregulatorias del DNU, contribuirán a la salida de la crisis económica.

Barra expresó su preocupación por la intervención de los jueces en la actividad legislativa, afirmando que están dictando lo que los legisladores deberían decidir. Criticó la premura de la decisión judicial, alegando que ya se encuentran en instancia legislativa y que el Congreso tiene la potestad de modificar el DNU, incluido en la Ley Ómnibus.

"El Congreso puede legislar sobre el DNU ya que fue incluido en la Ley Ómnibus. Al estar incluido en la Ley Ómnibus, es decir que la ley ratifica el decreto, se pueden modificar artículo por artículo", afirmó el Procurador.

Barra hizo hincapié en la urgencia del artículo 4 del DNU, argumentando que busca ampliar la oferta de puestos de trabajo y proporcionar a los empresarios mayor flexibilidad para invertir. Subrayó que estos aspectos son los que deben ser analizados por el Congreso y no por los jueces, ya que estos carecen del "expertise político" necesario para comprender las implicaciones de las medidas.

A pesar de la paralización momentánea debido a la decisión judicial, Barra minimizó el impacto, señalando que la situación se resolverá en febrero cuando la Corte tome una decisión.