Mientras los agroexportadores concretan las últimas liquidaciones para completar los u$s 7000 millones que anotaron la semana pasada en ventas de soja, principalmente, una denuncia anónima por "administración fraudulenta" golpea al Presidente, Javier Milei; ministros y empresarios.
Mediante operaciones que requirieron el máximo seguimiento por parte de ARCA y el BCRA para que un error "no pare todo el proceso", este viernes el sector exportador liquidó u$s 1750 millones bajo el decreto 682/25 y, durante este lunes y el próximo miércoles, se espera que se alcancen los u$s 6300 millones.
Las ventas, según explican desde el sector privado se trasfieren en un plazo de 72 horas a los vendedores de granos, ya sean productores, acopios y cooperativas. El montó "récord" de operaciones, lejos de satisfacción, generó fuertes críticas desde el campo al Gobierno nacional.
El debate se centra en la soja. Aunque se pagó en promedio u$s 342 dólares la tonelada frente los u$s 297 previo al beneficio, significó un incremento del 15% en los precios, pero se estimaba en 35%.
Los cruces de la semana pasada, escalaron en las últimas horas a partir de conocerse una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por "Administración Fraudulenta" que apunta como "autores": al presidente Javier Milei; el jefe de gabinete. Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.
El texto que ingresó el viernes 26 de septiembre, a las 10 de la mañana, también señala como "partícipes necesarios" a las cinco principales exportadoras de granos: Bunge Argentina; LDC Argentina; Cofco Internacional Argentina; Viterra Argentina y Cargill SACI.
El fiscal Sergio Rodríguez deberá investigar los hechos sucedidos entre el lunes 22 cuando se anunció el beneficio y el miércoles 24 cuándo se dio de baja la eliminación temporal de retenciones. "La circular 1/2025 de la Secretaría de Ganadería y Pesca comunicaba el equivalente al 30% de lo que el complejo granario argentino exporta a lo largo de un año, está vez había sido declarado en apenas dos días", señala el texto.
A la par se conformó una denuncia penal formal ante la Justicia Federal contra los mismos involucrados del Poder Ejecutivo Nacional y las firmas del sector privado. "esperamos que nos llamen a ratificar la denuncia", indicó Jonatan Baldiviezo, uno de los autores de la acusación.
El abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad señaló que la medida fue "un ardid meticulosamente diseñado para beneficiar de manera ilegítima y multimillonaria a un grupo concentrado de corporaciones, constituyendo presuntamente delitos como Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Abuso de Autoridad y Defraudación en Perjuicio de la Administración Pública".
El documento que lleva la firmas de Claudio Lozano (Presidente de Unidad Popular), María Eva Koutsovitis (fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos) y el abogado Marcos Zelaya, pide una cautelar que suspenda de forma "Inmediata" de las DJVE.
El pedido fue remitido al Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por parte de los legisladores Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño, Mónica Fein, Florencio Randazzo, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer.
La solicitud se enmarca en la Ley 21.453, conocida como "Ley Martínez Raymonda" que regula la presentación de DJVE de granos y derivados, asegurando que los exportadores cuenten efectivamente con la mercadería declarada y que se cumplan correctamente las obligaciones fiscales y de retención.
En tanto, este lunes a las 14, los representantes de las entidades agropecuarias mantendrán un encuentro con el titular de la cartera Iraeta donde se prevé que será tratado el tema retenciones.
Ventana express
Los productores plantean que la industria y las empresas agroexportadoras "capturaron" la mitad del beneficio de la eliminación de derechos de exportaciones de quienes aún tenían granos para vender y anticipan una "puja": cuál será el precio que aceptarán para que los exportadores puedan completar los embarques hasta julio de 2026.
Juan Pazo, titular de la Agencia de Control y Recaudación (ARCA) fue el elegido para responder a las quejas del campo. Reconoció que se buscó salir de una "crisis financiera", que repercute en toda la economía y dijo que "los productores tendrán que hacer valer su producto en la negociación con las cerealeras".
El anuncio -que fue clave para hacer bajar el dólar luego de dos semanas frenéticas-, se formalizó a primera hora del lunes 22 de septiembre, en la previa al viaje de Javier Milei y Luis Caputo a Estados Unidos. Allí, el mandatario argentino recibió fuerte apoyo de Donald Trump.
Mientras las ventas de soja se disparaban y el dólar volvía a ubicarse por debajo del techo de la banda en la Argentina, Scott Bessent, titular del Tesoro de EE.UU., confirmó vía X la firma de un swap por u$s 20.000 millones pero, en el mismo mensaje, incluyó una advertencia a los exportadores locales.
Entre los puntos que trabaja con funcionarios de la Argentina, Bessent mencionó: "poner fin a la exención impositiva temporal para los productores de commodities que liquidan divisas", en clara alusión a la eliminación de retenciones que beneficia principalmente a la soja.
Ese mismo día, a última hora, ARCA informó el cierre del beneficio tras haber completado el cupo de u$s 7000 millones.
Si bien el encuentro ya estaba previsto con el futuro del INTA encabezando la agenda de temas, desde las entidades que nuclean a los productores, indican que el eje central hoy son las retenciones, por el malestar que causó que el alivio fiscal "no derrame" en la actividad.
