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La segunda revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional dejó un dato que pasó relativamente desapercibido entre las discusiones sobre reservas, tipo de cambio y financiamiento: el organismo ya comenzó a delinear una hoja de ruta para una futura reforma tributaria.
Se trata, básicamente, de un planteo orientado a sostener la recaudación en un contexto donde el Gobierno busca mantener el superávit fiscal sin volver a aumentar el déficit.
El 2027 plantea metas exigentes para el programa económico: sostener el ancla fiscal, acumular reservas y preparar el terreno para los vencimientos de deuda de los próximos años. En ese marco, la discusión tributaria empieza a ganar peso porque el ajuste del gasto ya convive con ingresos públicos debilitados.
La actualidad de los números hablan de ello: si bien la recaudación de mayo creció 1,5% interanual en términos reales, el acumulado de los primeros cinco meses del año cayó casi 5% frente al mismo período de 2025.
El punto central, entonces, no es sólo si habrá una reforma tributaria. La pregunta que empieza a aparecer es quién pagará la cuenta de esa nueva etapa fiscal.
El problema que el FMI intenta resolver: asalariados y monotributistas
La caída de la recaudación real deja dos caminos: profundizar el ajuste del gasto o buscar nuevas fuentes de ingresos. Allí empieza a jugarse la reforma tributaria prevista para fines de 2026.
El IPyPP que conduce el economista Claudio Lozano sostiene que “la pregunta relevante no es solo cuánto recaudaría una reforma tributaria, sino quién paga la recomposición fiscal”.
Según esa lectura, el planteo del FMI tiende a desplazar el peso desde impuestos que afectan a exportadores, patrimonios y grandes inversiones hacia tributos vinculados al consumo, salarios formales y pequeños contribuyentes.
El primer foco aparece en Ganancias. El organismo considera que la recaudación argentina por Ganancias de personas humanas es baja en comparación internacional y propone ampliar el universo alcanzado.
El objetivo sería que al menos el 20% de los trabajadores formales vuelva a pagar el impuesto, un nivel similar al observado en 2019.
Los datos comparativos son sensibles: hoy tributa cerca del 14% de los asalariados formales, alrededor de un millón de trabajadores.
Para llegar a que el 20% pague ganacias, el piso debería acercarse a un salario bruto mensual de $2,4 millones, equivalente a unos $1,9 millones netos.
Ese nivel se ubica apenas 30% por encima de la Canasta Básica Total, por lo que la recomendación no implicaría gravar únicamente a los salarios más altos, sino ampliar el impuesto hacia franjas medias de trabajadores registrados.
Aunque el presidente Javier Milei suele sostener que su horizonte es bajar impuestos, una modificación de ese tipo podría tener un costo político real si se discute cerca del calendario electoral de 2027. Afectaría a trabajadores que, aun ganando por encima del promedio, se perciben como parte de la clase media.
El segundo foco es el Monotributo. El FMI reconoce que el régimen simplificado facilita el cumplimiento y promueve cierta formalización, pero considera que tiene una carga efectiva muy inferior a la del régimen general. Por eso propone “alinear tasas efectivas y contribuciones sociales con el régimen general”.
La recaudación actual del Monotributo equivale a 0,14% del PBI, mientras que el potencial estimado por el FMI sería de 1% del PBI. El informe advierte que ese monto equivale a casi siete veces la recaudación anual actual del régimen.
La conclusión es que difícilmente una reforma de esa magnitud pueda recaer sólo sobre las categorías más altas.
Según el informe, las categorías A, B, C y D concentran el 78,4% de los aportantes y el 76,1% de la masa de aportes. Por eso, el riesgo es que el aumento de presión alcance también a trabajadores independientes de ingresos medios y bajos.
IVA, combustibles y consumo
La receta no termina en Ganancias y Monotributo. El FMI también propone reducir exenciones y ampliar bases imponibles del IVA, con compensaciones focalizadas para hogares vulnerables.
En la práctica, eso abriría una discusión sobre beneficios fiscales, alícuotas diferenciales y tratamientos especiales dentro del principal impuesto al consumo.
El otro punto son los impuestos internos, especialmente combustibles y tabaco: podrían aportar 0,5% del PBI, 0,3% por combustibles y 0,2% por tabaco.
El problema es que, en el caso de los combustibles, la decisión tiene un impacto que excede la recaudación. Afecta transporte, logística y costos generales de la economía.
Por eso, el Gobierno postergó hasta julio de 2026 la aplicación plena de incrementos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una señal de que reconoce el potencial impacto inflacionario de una actualización completa.
Los impuestos que bajan y los que podrían subir
La tensión aparece cuando se observa qué impuestos perdieron peso durante los últimos años y cuáles aparecen ahora como candidatos a recomponer la recaudación.
Mientras se estudia una mayor participación de Ganancias, Monotributo, IVA e impuestos internos, el Gobierno avanzó con bajas o beneficios en otros frentes: Bienes Personales, derechos de exportación, regímenes de regularización, incentivos a grandes inversiones y estabilidad fiscal para proyectos bajo el RIGI.
