El Congreso comenzará a tratar la reforma laboral el lunes que viene. En el texto todavía se esperan cambios por las negociaciones con gobernadores y el sector privado.
Mientras el Gobierno trabaja para su aprobación, las pymes miran con expectativa la entrada en vigencia de la ley ya que, según los especialistas, serían las principales beneficiadas del nuevo régimen.
Entre los principales beneficios se destaca la seguridad jurídica. Es que muchas de las prácticas que incluye la reforma ya se daban de hecho en muchas compañías, pero como parte de negociaciones paralelas.
La asesora de empresas en relaciones laborales, Silvina Scarimbolo, destacó entre estas prácticas al banco de horas, las reformas sobre teletrabajo o las vacaciones fragmentadas.
La especialista destacó que, especialmente en pequeñas empresas, se dan las situaciones de “compensar horas” por necesidades ocasionales de los trabajadores. Si bien, destacó, esta práctica se da habitualmente, no están contempladas dentro de la ley, por lo que eventualmente puede suponer una dificultad en el caso de accidentes, sobre todo ante los seguros o ART.
“Da seguridad jurídica porque ante ese cambio diario de jornada laboral acordada entre las partes no vaya a correr ningún riesgo ante una eventualidad o en el caso de una inspección”, dijo la especialista.
En el caso de las vacaciones se daba algo similar. La división de las mismas se daba de facto, pero también, por fuera de la ley.
Por último, Scarimbolo destacó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo que se conformaría con un 3 por ciento de las contribuciones que hoy ya paga el empleador, la especialista aseguró que brindaría garantías a los trabajadores en eventuales caso de finalización de la relación laboral y dificultad de la pyme en poder abonar las sumas adeudadas por tal motivo, y a estas poder hacerse de un fondo para abonar futuras indemnizaciones.
En este último punto coincide el abogado laboralista de Tanoira Cassagne, Pablo Mastromarino. “Les permitirá previsionar los costos eventuales de las desvinculaciones”, subrayó.
Otro de los factores que agregó es el régimen simplificado para el registro de trabajadores, esto es, el incentivo para registrar empleados que no hayan contado con un trabajo registrado al 10 de diciembre de 2025, hayan estado desempleados por seis meses o su último trabajo registrado haya sido en el sector público.
Este régimen contempla una rebaja de la alícuota al 2% por contribuciones patronales y una del 3% a la seguridad social por 48 meses.
Scarimbolo sumó que la legislación permite regularizar informalidades laborales con condonación de deudas y acción penal.
Mastromarino destacó la posibilidad de pagar las sentencias judiciales en hasta 12 cuotas (sujeto a una autorización judicial). Scarimbolo sumó que la norma pauta el ajuste de los juicios laborales: “Va a ser inflación más un 3% anual. Da un criterio uniforme para todos los jueces laborales del país. Eso da previsibilidad sobre el riesgo económico ante un juicio”.
Además, destacó que servirá que la norma determine qué conceptos se tienen en cuenta y cuáles no para el cálculo de las indemnizaciones, dejando de lado aguinaldo y los premios semestrales y anuales.
