Mientras que el Senado avanza con la aprobación de los pliegos judiciales, el ministerio de Justicia que dirige Juan Bautista Mahiques avanzó con un puñado de reformas que preparan para enviar al Congreso en el corto plazo y, según pudo saber El Cronista, estarán divididas en tres frentes distintos: la creación y eliminación de juzgados federales, la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura y la reforma al Código Penal.
El primer eje apunta reordenar el mapa de juzgados federales con la modificación a la ley de Organización de la Justicia Federal. El plan que trascendió contempla reducir de 12 a 8 los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante por debajo de la Corte Suprema.
La eliminación de esos cargos, junto con camaristas vacantes en los fueros laboral y criminal nacional, apunta a liberar una porción relevante del presupuesto judicial, la disminución de las causas en trámite y la distribución del poder en los juzgados.
El Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que se liberen con la reducción de cargos, además de avanzar en el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, un fuero que concentra cerca del 30% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación.
El segundo eje de la reforma es la ley del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve jueces. El proyecto que trabaja el equipo de Mahiques busca sacar a la Corte Suprema de la integración del Consejo y reducir la cantidad de representantes de todos los estamentos: jueces, abogados, académicos y legisladores.
Ese cambio responde a un fallo de la Corte de diciembre de 2021, que declaró inconstitucional la ley vigente desde 2006 que redujo el cuerpo a 13 miembros por romper el equilibrio entre estamentos que exige la Constitución. El máximo tribunal le dio al Congreso 120 días para sancionar una nueva norma. Como el plazo venció sin ley, rige de manera automática la integración anterior, de 20 miembros, con el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, al frente del cuerpo de manera provisoria.
El proyecto que impulsa el Gobierno busca ahora reglamentar esa instancia bajo sus propios términos, con una integración más chica y sin injerencia del máximo tribunal en las decisiones de designación y remoción de magistrados.
Fuentes judiciales del Gobierno aseguraron que una parte de la reforma está avanzada para remitirse en el corto plazo, aunque todavía no definieron el nombre que llevará el proyecto. Un funcionario del área precisó, además, que el envío “van separado en cuanto a la forma, pero no necesariamente en cuanto a los tiempos”.
Otra reforma pendiente es la del Código Penal. A diferencia de lo que se planteó a comienzos de año, cuando la cartera estaba influenciada por el ala del asesor Santiago Caputo con Sebastián Amerio como secretario de Justicia, al asumir Mahiques optó por revisar todo el texto planteado y avanzar sobre un esquema de reformas parciales sobre la base del texto vigente desde 1921, para evitar que una iniciativa demasiado extensa quede trabada en el Congreso.
Como contó El Cronista, los desacuerdos sobre cómo avanzar en el formato de la reforma trabaron la negociación y, desde que habían acordado enviarlo en dos tandas, ahora se encaminan a mandar una versión general acordada de alrededor de 300 artículos -de los originales 900-. Cerca de Mahiques aseguran que en realidad la reforma todavía no se mandó porque la trabó la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, quien responde al asesor Caputo.
Algunos sospechan de si esa táctica del asesor volverá a aparecer con la reforma judicial, aunque otras fuentes aseguran que ya fue consensuada entre todas las partes involucradas por lo que no debería repetirse la traba.
El paquete penal combinará un criterio de interpretación “pro víctima”, que obliga a jueces y fiscales a ponderar con mayor peso los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, con un endurecimiento de penas para una serie de delitos urbanos: las llamadas “viudas negras”, los motochorros, las salideras bancarias y las entraderas, entre otros, tendrían escalas penales específicas de hasta doce años de prisión, con agravantes en casos de vulnerabilidad de la víctima.
También se prevén nuevas figuras vinculadas a delitos informáticos, estafas piramidales, cuestiones migratorias y estructuras narco.
Los tres proyectos comparten origen en el Ministerio de Justicia, pero no necesariamente el mismo calendario legislativo. Mientras la creación y reducción de juzgados depende en gran medida de acuerdos presupuestarios con los gobernadores, la reforma al Consejo de la Magistratura enfrenta un debate más técnico sobre el equilibrio constitucional entre estamentos, y el paquete penal requiere consenso político más amplio en un año electoral.
La prioridad, en tanto, pasa por cubrir las vacantes de los juzgados y fiscalías de todo el país. El Ejecutivo giró 203 pliegos al Senado en lo que va del año -144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces-, de los cuales ya se designaron 96 funcionarios mientras otros 85 esperan acuerdo parlamentario. La meta oficial es llegar a unas 300 postulaciones antes de fin de año y bajar la vacancia del 35% con que arrancó la gestión, a un 27%.
Dentro de ese proceso hay un capítulo que el Gobierno maneja con particular cautela: los juzgados con competencia electoral en las provincias. A diferencia del resto de los fueros, el Ejecutivo retuvo deliberadamente el envío de esos pliegos, porque esos juzgados definen cuestiones sensibles para el armado político territorial, como la conformación de listas, la personería de los partidos y el calendario de votación.
Esa demora llega a su fin: en el Ministerio de Justicia confirmaron a El Cronista que en los próximos días se enviarán al Senado los primeros candidatos para cubrir esas vacantes electorales, en simultáneo con la negociación por el resto de la agenda judicial con los gobernadores.
