Ciento una noches duró el hechizo. Como una Sherezade moderna, apurada por el fin inminente de sus facultades excepcionales, Federico Sturzenegger aprovechó cada día del plazo que le otorgó la Ley Bases para contar -o mejor dicho, firmar- una historia distinta sobre la reconfiguración del Estado, ese al que el presidente Javier Milei llamó a "destruir desde adentro" y al que más recientemente, en un discurso en Chaco, asoció a una de las formas en que se manifesta "el maligno" en la tierra. Sin embargo, en lugar de cuentos, como en las 1001 noches, los de Sturzenegger fueron decretos hasta alcanzar el número mágico de 101 desregulaciones. Del otro lado, en vez de sultanes, un Congreso que puso fecha de vencimiento al experimento.

El número tiene algo de símbolo redondo. Pero detrás de ese listado que va de la disolución de Vialidad y el Instituto Nacional del Teatro hasta la eliminación de trámites menores o la fusión de organismos técnicos, se esconde un intento sistemático de reescribir el diseño institucional del país. La idea, según palabras del propio Sturzenegger, fue cumplir "sin desviarse un ápice" del marco que fijó el Congreso. Pero el contenido revela una impronta más ambiciosa: redefinir qué tareas debe sostener el Estado y cómo debe organizarlas.

Pero qué desreguló exactamente el Gobierno, cómo lo hizo y qué implicancias tuvo cada movimiento.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado clausuró su primer ciclo de acción con un gesto simbólico: un documento que condensa en 101 medidas el resultado del uso intensivo de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases. El listado de 101 medidas -que no incluye otros decretos de necesidad y urgencia firmados en paralelo- se convirtió en un mapa político de las prioridades de la administración Milei. Algunos informes privados, como el del CEPA, elevaron esa cifra a 157, al contabilizar también disposiciones por fuera del marco de facultades delegadas.

La ofensiva desreguladora atravesó una multiplicidad de áreas. Pero más allá de la dispersión temática, el patrón fue claro: desmantelar organismos, podar estructuras, simplificar regulaciones y reconcentrar funciones bajo control central.

Qué pasó con Vialidad, la CNRT y Seguridad Vial tras los decretos de desregulación del Gobierno

Uno de los ejes centrales fue la reorganización del aparato público vinculado a la infraestructura y el transporte. La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad -entidad que "se controlaba a sí misma"- funcionó como emblema. El cierre generó rechazo en varias provincias y entre sindicatos del sector vial. Según denunció la Asociación de Trabajadores de Vialidad Nacional, más de 5.000 empleados quedaron desvinculados y las tareas de mantenimiento rutinario de rutas federales quedaron paralizadas. Gobernadores de distintas jurisdicciones cuestionaron que "se abandonaron responsabilidades básicas del Estado nacional en materia de infraestructura crítica".

La medida se complementó con la eliminación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyas funciones pasaron a una nueva Agencia de Control de Concesiones. En este rediseño, Gendarmería quedó como única autoridad fiscalizadora en rutas, lo que, según explicaron fuentes oficiales, "evita duplicaciones y genera mayor eficiencia".

Los cambios en los hospitales nacionales y organismos de salud tras las 101 desregulaciones

El área sanitaria también fue blanco de transformaciones profundas. El Gobierno unificó la gestión administrativa de cinco hospitales nacionales en una nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del gasto y centralizar licitaciones. Asimismo, eliminó estructuras que consideró inactivas como las Delegaciones Sanitarias Federales, y redujo organismos a unidades menores dentro del ministerio, como ocurrió con el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto de Medicina Tropical.

Qué organismos culturales eliminó el Gobierno y cómo afectó a los institutos históricos

La cultura y la memoria histórica experimentaron una poda especialmente simbólica. El Ejecutivo disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), los institutos nacionales Belgraniano, Browniano, Newberiano, Sanmartiniano, Irigoyeniano, Juan D. Perón y Eva Perón, así como el Instituto Nacional del Teatro. Muchos de ellos, reconvertidos en "unidades organizativas", perdieron autonomía funcional y presupuestaria. El Museo de la ESMA se fusionó con el Archivo Nacional de la Memoria, dando lugar a un nuevo Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

INTA, INTI y Tecnópolis: cómo impactaron las medidas de Sturzenegger en ciencia y tecnología

En ciencia y tecnología, el Gobierno actuó sobre organismos como el INTA, el INTI y el Instituto Nacional del Agua. Los primeros fueron reconvertidos en entes desconcentrados o unidades organizativas bajo ministerios, lo que implica que dejaron de tener presupuestos propios. El argumento oficial fue que "existía una proliferación de líneas de investigación inútiles", como el "derecho al ocio", que justificaban recortes drásticos.

Qué fondos fiduciarios disolvió el Gobierno y qué ahorro fiscal espera lograr

El universo fiduciario, uno de los focos menos visibles del gasto público, resultó particularmente afectado. La disolución de 27 fondos fiduciarios -como FONDEP, FISU, FONDAGRO, FO.BOS.QUE o el Fideicomiso de Autopistas- implicó una limpieza profunda de estructuras utilizadas durante décadas para financiar políticas públicas sin control presupuestario directo, se sostiene desde el Gobierno. "Son cajas opacas que encubrían privilegios enquistados hace más de 30 años", señalaron desde el entorno del ministro.

Qué cambios introdujo el Gobierno en el mercado energético y minero con los decretos

En energía y minería, el Ejecutivo modificó leyes clave para habilitar la competencia y liberalizar el acceso privado a las redes eléctricas. Además, desreguló las inversiones mineras y eliminó trabas al mercado de garrafas.

Qué empresas estatales pasarán a ser sociedades anónimas y están en la mira para privatizar

En paralelo, avanzó con la transformación de empresas estatales como YCRT, Intercargo y Energía Argentina en sociedades anónimas, como paso previo a su posible privatización.

Privatizaciones: lo que se hizo, lo que faltó y lo que viene tras las facultades delegadas

El artículo 7 de la Ley Bases declaró "sujetas a privatización" a empresas como Intercargo, ENARSA, AySA, Corredores Viales y Trenes Argentinos. Sin embargo, el avance fue limitado. El Gobierno sólo concretó pasos iniciales en algunos casos: Intercargo quedó autorizada mediante el Decreto 198/2025, se permitió la venta parcial de acciones de ENARSA (Decreto 286/2025), y se transformó en sociedad anónima a YCRT, con vistas a una participación privada.

En el sector ferroviario, Belgrano Cargas inició su proceso de privatización sin llegar a licitaciones, mientras que la SOFSE no registró avances concretos. En paralelo, la eliminación de algunos servicios de pasajeros en el interior provocó resistencias políticas y sindicales.

"La privatización no es regalar activos, es generar eficiencia, calidad de servicio y alivio fiscal, pero hay que crear condiciones que aún estamos trabajando", afirmó Sturzenegger. El ministro insistió en que "esto no fue un ajuste ciego, sino una cirugía necesaria".

Desde el oficialismo también reforzaron la carga simbólica del proceso: "La crueldad no es reducir el Estado, sino mantenerlo gordo y que la gente pague impuestos para financiar ñoquis", sostuvo el Presidente. Para Milei y su equipo, estas reformas son parte de una "batalla cultural" que busca dejar atrás un modelo estatal considerado ineficiente.

A partir del vencimiento de las facultades delegadas, toda iniciativa de privatización deberá pasar por el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría. Según Sturzenegger, "la Argentina no puede seguir con un Estado del siglo XX en un país del siglo XXI".

Cómo afectaron las reformas del Gobierno a Gendarmería, Prefectura y la PSA

Otro campo sensible fue la seguridad interior. Allí, se fortaleció a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se modernizó el marco normativo de Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario Federal, y se habilitó a las fuerzas a intervenir más activamente en tareas de control, en línea con la centralización buscada en otras áreas.

Qué regulaciones, registros y programas eliminó el Gobierno para simplificar trámites

Incluso en sectores tradicionalmente más inmunes a las reformas exprés, como el sistema laboral o la protección al consumidor, hubo cambios. La eliminación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), la desregulación del transporte automotor de cargas y la simplificación de trámites para autopartes o servicios digitales apuntaron a "romper cuellos de botella regulatorios", según el diagnóstico oficial. Organismos de análisis económico como el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtieron que la eliminación de estos registros, fondos y estructuras no implicó solo ahorro burocrático, sino también una retracción del empleo público. "Se perdió inversión social, aumentó la informalidad laboral y se debilitó la ejecución de políticas de acceso", concluyeron en su informe de balanc

En el corazón del dispositivo ideológico de estas reformas estuvo la voluntad de "resetear el Estado" desde una lógica de eficiencia económica, pero también simbólica. En palabras de Sturzenegger, se trató de "eliminar normas obsoletas, que en muchos casos fueron creadas por los gobiernos militares y siguen vigentes como basura jurídica".

Qué reformas planea Sturzenegger tras el vencimiento de los superpoderes

La apuesta no se agota con el vencimiento de las facultades delegadas. En el entorno del ministro afirman que ahora "llegó el momento de tener todo listo para el 10 de diciembre", fecha que marca el inicio de un período político distinto, con un nuevo Congreso tras las elecciones de medio término de octubre, que el gobierno espera le sean favorables. En la mira aparece la reforma laboral, enmarcada en el Consejo de Mayo, que buscará reestructurar el régimen de negociación colectiva y articular los acuerdos con el sistema previsional.

Las 101 desregulaciones se ofrecen a una lectura especial: no como una enumeración burocrática, sino como una cirugía con bisturí político, económico e ideológico. Una poda que abarcó áreas como infraestructura, salud, cultura, ciencia, seguridad, regulación económica y fondos fiduciarios, y que anticipa, según prometen desde el Ejecutivo, una segunda etapa post-electoral, cuando el tiempo vuelva a correr a favor.