Un total de 11.384 ciudadanos bonaerenses fueron hoy sorteados para integrar los jurados populares en la provincia de Buenos Aires: son 10.890 personas con DNI terminados en 983 y 494 personas con DNI terminados en 461. El listado definitivo aún debe ser depurado por la Justicia de la Provincia.
“Es un hecho histórico para la democracia”, señaló el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, durante la ceremonia realizada este mediodía en el salón de sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
“La responsabilidad de los jurados será máxima” porque “estarán decidiendo sobre lo más sagrado que, junto a la vida, es la libertad de las personas”, agregó Scioli, acompañado por el ministro de Justicia Ricardo Casal y funcionarios del Poder Judicial.
El listado de los 11.384 bonaerenses sorteados hoy se repartirá entre los 18 departamentos judiciales, de acuerdo a domicilio declarado de cada persona, y luego se notificará por cédula judicial a los seleccionados. El Poder Judicial será encargado de apartar a las personas que se encuentren inhabilitadas. Y el padrón definitivo será remitido a la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
Los jurados deben ser argentinos, nacidos o naturalizados con no menos de cinco años de ciudadanía, de entre 21 y 75 años, que entiendan “plenamente” el idioma nacional, estén “en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos” y que gocen de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo.
No podrán serlo quienes ocupen cargos públicos electivos o con rango de Director o superior en cualquier organismo o ente estatal; los funcionarios y empleados judiciales; los miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad y agencias de seguridad privada; los abogados, escribanos y procuradores; los ministros de un culto religioso; las autoridades directivas de los partidos políticos y los condenados por delito doloso o imputados con proceso penal en trámite.
Los tribunales estarán integrados por un juez, doce ciudadanos jurados titulares y seis suplentes y actuarán únicamente en casos de delitos graves, cuya pena sea mayor a los 15 años de prisión. Participar del proceso será obligatorio, por tratarse de una “carga cívica” por lo que el ciudadano seleccionado podrá ser convocado por la fuerza pública; y quienes participen tendrán francos pagos en sus trabajos o cobrarán una remuneración si son trabajadores independientes o desempleados (hoy, de $ 542 por día).
En juicios de larga duración o en aquellos en que el jurado deba recorrer largas distancias para asistir, “el Estado les asignará a su favor una dieta diaria suficiente para cubrir sus costos de transporte y comida”.
El cuerpo será presidido por el juez, quien suministrará las instrucciones para que los jurados deliberen, y luego los integrantes deberán reflexionar en sesión secreta por un plazo máximo de dos días, prorrogables por igual período, para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.
En caso de no existir acuerdo entre los integrantes del jurado (debe haber como mínimo 10 opiniones unánimes) la votación se repetirá en tres oportunidades y de seguir así se planteará la no culpabilidad o se declarará estancado el debate, para lo cual hará falta conformar un nuevo tribunal.
La absolución decretada por el jurado será inapelable, no así la culpabilidad que podrá ser recurrida; mientras que los imputados tendrán derecho a renunciar a la aplicación del juicio por jurado de civiles.
Si bien no hay fecha prevista para el primer juicio por jurado en la provincia, Casal anticipó hoy que el nuevo sistema es aplicable para “todos los hechos posteriores a la sanción de la ley, así que calculamos como probable que antes de fin de año pueda haber algún juicio” de estas características.
