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El proyecto para construir un parque acuático en la Costanera Norte de Rosario dejó de ser una iniciativa exclusivamente municipal y se convirtió en una decisión política compartida por el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro. Esto implica una responsabilidad también compartida ante la afluencia de críticas a la iniciativa por parte de distintos sectores.
El gobierno de Santa Fe decidió respaldar la obra y alinearse con la estrategia de la Municipalidad, que presenta el complejo como una pieza central de la transformación de la ribera, la ampliación de la oferta turística y la recuperación de un sector degradado del balneario La Florida.
Ese apoyo provincial amplificó también los cuestionamientos. Las críticas ya no apuntan únicamente al procedimiento utilizado por el Ejecutivo rosarino, sino a la posición de una administración provincial que avaló el proyecto pese a las objeciones formuladas por sectores políticos, organizaciones ambientales, vecinos y referentes vinculados al uso de la costa.
La discusión incluye aspectos presupuestarios, urbanísticos, ambientales e institucionales. Pero también abrió un debate sobre las prioridades de la gestión provincial y municipal frente al deterioro de la infraestructura urbana, los problemas de iluminación, el estado de calles y veredas y la proliferación de microbasurales en distintos puntos de Rosario.
La controversia no se concentra exclusivamente en la conveniencia de que la ciudad tenga un parque acuático. El principal interrogante gira alrededor de la decisión de instalarlo en un sector estratégico de la costa pública, avanzar mediante un decreto municipal y destinar recursos estatales a un complejo recreativo con entrada paga.
Un proyecto de $12.600 millones respaldado por la Provincia
El 23 de abril, la Municipalidad de Rosario publicó el decreto 715/2026, mediante el cual convocó a la licitación pública para la construcción del denominado Parque Acuático–Costanera Norte.
El llamado fue acompañado por un presupuesto oficial de $12.600 millones. La proximidad entre el decreto y la fecha prevista para la contratación mostró que el proyecto ya contaba con financiamiento y un cronograma avanzado cuando comenzó a adquirir visibilidad pública.
La iniciativa contempla la construcción de un predio de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en el área de La Florida y Rambla Catalunya. El diseño incluye piscinas recreativas, espejos de agua, juegos infantiles, chorros interactivos, una torre de toboganes, solárium, senderos, bicisendas, nuevos accesos, edificios de servicios y espacios gastronómicos.
El uso de las atracciones acuáticas requeriría el pago de una entrada, aunque el oficialismo sostiene que la intervención general permitirá ampliar la superficie de playa pública, mejorar la conectividad con el río y recuperar sectores actualmente deteriorados.
Pullaro incorporó el proyecto a la agenda del gobierno provincial y defendió su potencial para ampliar la oferta turística y generar actividad económica. De esa manera, la Casa Gris asumió como propia una iniciativa cuya instrumentación formal quedó en manos del municipio.
La posición de la Provincia resulta central porque el parque fue presentado como parte de una intervención de mayor escala sobre la costa del Paraná y no como una obra aislada.
Las cinco críticas que enfrenta el parque acuático
El primer cuestionamiento está relacionado con las prioridades presupuestarias. Los críticos sostienen que el Estado provincial y el municipio promueven una obra recreativa de gran escala mientras Rosario mantiene problemas básicos de infraestructura y mantenimiento urbano.
La objeción no implica necesariamente rechazar la incorporación de un atractivo turístico, sino discutir si corresponde que una inversión de estas características avance antes que otras intervenciones vinculadas con la calidad de vida cotidiana de los vecinos.
El segundo punto es el uso de recursos públicos. Algunos sectores consideran que un parque acuático con explotación comercial y entrada paga podría ser desarrollado mediante inversión privada, sin comprometer fondos estatales que podrían destinarse a obras de infraestructura esenciales.
La tercera crítica apunta al lugar elegido. El complejo ocuparía alrededor de una hectárea en un sector de alto valor paisajístico y urbano de la Costanera Norte. Vecinos, colectivos ambientalistas y organizaciones vinculadas con actividades náuticas cuestionan que una parte del borde del Paraná quede afectada a un recinto cerrado y de acceso pago.
Aunque los paseos circundantes permanezcan abiertos, sostienen que el proyecto modifica el carácter público de la ribera al reservar un área frente al río para un uso recreativo comercial y controlado.
El cuarto cuestionamiento está relacionado con el procedimiento institucional. El predio se encuentra dentro del Área de Reserva ARD 23 Costa Deportiva. Según los planteos opositores, una intervención de esa escala requeriría la elaboración de un Plan de Detalle y su aprobación por parte del Concejo Municipal.
La Municipalidad, sin embargo, avanzó mediante un decreto del Ejecutivo. Esa decisión derivó en una disputa judicial sobre la capacidad del gobierno local para licitar y ejecutar la obra sin una autorización legislativa específica. La Justicia deberá determinar si el procedimiento elegido fue suficiente y se cumplieron los requisitos
El quinto foco de críticas es la falta de información. La oposición y las organizaciones sociales reclaman precisiones sobre la superficie que quedará cercada, el sistema de administración, el precio de acceso, el impacto ambiental, la relación con los espacios públicos existentes y las condiciones de explotación del complejo.
La magnitud de los interrogantes llevó al Concejo Municipal a aprobar por unanimidad un pedido de informes, una señal de que incluso sectores que no rechazan la obra consideran insuficiente la documentación difundida por el Ejecutivo.
