La multinacional Procter & Gamble dijo hoy que “paga todos sus impuestos, en Argentina y en todo el mundo”, tras que la AFIP informara hoy que la compañía había sido suspendida en el Registro de Importadores-Exportadores de la República Argentina por fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil. Según el organismo recaudador, esas compras en el vecino país eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza, por u$s 138 millones, por lo que, de esta manera, la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior, denunció el ente dirigido por Ricardo Echegaray.
“Tomamos muy seriamente el cumplimiento de las leyes en la Argentina, y en todos los países en los que operamos, al igual que nuestra contribución con las comunidades en las cuales vivimos y trabajamos. No perseguimos prácticas fiscales e impositivas agresivas ni cuestionables, por cuanto las mismas no producen resultados sustentables”, agrega el comunicado de la empresa.
P&G agregó que “valoramos nuestra relación con la Argentina y con los consumidores argentinos. Estamos trabajando con las autoridades para buscar soluciones inmediatas, de modo de poder seguir abasteciendo el mercado con nuestras marcas líderes.", concluye el texto de la empresa.
Según la AFIP, sin embargo, “la maniobra podría constituir contrabando agravado”.
El organismo detalló que el proceso de análisis que derivó en la suspensión se focalizó sobre un total de 2.608 operaciones de las partidas arancelarias navajas y maquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales y demás artículos higiénicos. Estos productos importados que se "sobrefacturaron" corresponderían a la excusa de incluir en el precio "royalties" y demás "gastos intercompanies" de publicidad y administración.
A su vez, la AFIP afirma que comprobó que la compañía multinacional reutilizó DJAI para las mismas operaciones.
"Nuestro objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el impuesto a las ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia", destacó el administrador federal.
“La multinacional deberá regularizar las operaciones de comercio exterior y cancelar las multas respectivas ante la Aduana, a cargo del Contador Carlos Sánchez; Además deberá pagar el Impuesto a las Ganancias evadido por los ajustes de precios de transferencia a la DGI, a cargo del Contador Rubén Toninelli. Esto independientemente de las acciones judiciales ya iniciadas”, sostuvo.
