Este lunes, el Gobierno publicó el decreto que autoriza la venta de las acciones estatales en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, emplazada en Campana, y José de San Martín, en Timbúes, Santa Fe.

Estos activos son controlados por el Estado a través de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), que cuenta con una participación del 65,01% en Belgrano y del 68,83% en San Martín.

Por la venta, fuentes oficiales aseguraron a El Cronista que el Gobierno estima recaudar u$s 400 millones, unos u$s 200 millones por cada una.

La operación se realizará a través de licitaciones públicas con alcance nacional e internacional. Los plazos se establecerán una vez que se publique el pliego que, aseguraron fuentes oficiales, será “en las próximas semanas”.

“Con la privatización de estas centrales, el Gobierno Nacional busca avanzar con el retiro del Estado en materia energética y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades allí donde es más eficiente”, dijo la Secretaría de Energía en un comunicado.

El Estado comparte participación en estos activos de Enarsa, a los que consideran “atractivos y superavitarios”, con las privadas Central Puerto, Pampa Energía, AES, Enel Generación El Chocón, Cerros Colorados, Central Costanera e Hidroeléctrica Los Nihuiles.

Estas firmas tienen, según la disposición oficial y al igual que estaba establecido en el decreto que habilitó la venta de las represas del Comahue, derecho de preferencia para igualar las ofertas que se presenten por cualquiera de las dos centrales. Hasta ahora, ninguna empresa hizo uso del derecho.

Con menor porcentaje son dueñas Central Dock Sud, Central Piedrabuena, Generadora Córdoba, Hidroeléctrica Ameghino, Generación Mediterránea, Hidroeléctrica Diamante y Central Güemes.

El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, además habilita al Gobierno Nacional a avanzar con la privatización de la central termoeléctrica ubicada en las cercanías de Bahía Blanca, Guillermo Brown, una vez concluido el proceso administrativo de finalización de su fideicomiso el 30 de septiembre, y que Enarsa incorpore las acciones en su patrimonio.

Venta de Enarsa

La publicación de este decreto es un paso más en el objetivo que tiene el Gobierno de vender Enarsa, que fue declarada sujeta a privatización en la Ley Bases.

Meses más tarde, en abril de 2025, un decreto autorizó la privatización de la firma y definió que se haría por etapas, separando las distintas unidades de negocio para venderlas individualmente y garantizar la continuidad de los servicios y de las obras en ejecución.

A partir de julio de 2025, el Ministerio de Economía comenzó a poner en marcha las distintas operaciones. La primera fue la venta de la participación en Citelec, controlante de Transener, la empresa de transporte de energía eléctrica más importante del país a Genneia y el grupo Edison, que ofertaron u$s 356,174 millones.

Las centrales en venta

Las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, con una potencia de 823 MW y 865 MW, respectivamente, fueron creadas en 2005 como parte de un esquema impulsado para ampliar la generación eléctrica, mediante un mecanismo que combinó acreencias de las empresas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con aportes públicos para financiar la construcción de las centrales combinadas.

Para administrar esos recursos se constituyeron los fideicomisos que acompañaron el desarrollo y la operación de ambas centrales durante casi dos décadas. En junio de este año y con su vencimiento, los fideicomisos fueron liquidados y los activos transferidos a las sociedades propietarias.

La participación estatal, que desde 2021 quedó en cabeza de Enarsa, terminó de consolidarse este año con el traspaso definitivo de las acciones al patrimonio de la empresa, un paso administrativo necesario para avanzar con la privatización de los paquetes accionarios mediante licitación pública.

La central Guillermo Brown, con una potencia de 580 MW, fue inaugurada a fines de 2015. El fideicomiso está repartido en un 70% para el Estado Nacional y el 30% restante está en manos de la empresa AES. Se encuentra un paso más atrás que las anteriores en el camino a la privatización.